En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Ministerio de Vivienda presentó un balance integral de su gestión en los territorios más afectados por el conflicto armado. La estrategia se ha concentrado en los 344 municipios ZOMAC y los 170 municipios PDET, donde la inversión estatal busca cerrar brechas históricas mediante la política Nuestro Hábitat Biodiverso. Este enfoque territorial prioriza la equidad y la sostenibilidad económica para dignificar la vida de quienes sufrieron la violencia.
Dentro de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, el Ministerio ha gestionado 48.636 soluciones habitacionales con una inversión que alcanza los $1,55 billones. Estas cifras incluyen la terminación de 13.951 mejoramientos de vivienda y la entrega de 4.105 unidades rurales nuevas. Además, se han asignado 3.804 subsidios para la adquisición de vivienda urbana, permitiendo que miles de familias recuperen su estabilidad patrimonial en 2026. La inversión refleja un compromiso real con la reparación colectiva.
En materia de servicios básicos, el Gobierno Nacional adelanta 202 proyectos de agua y saneamiento en los municipios ZOMAC, con recursos superiores a los $1,77 billones. Actualmente, 76 proyectos están terminados, beneficiando directamente a 497.000 ciudadanos, mientras que otras 126 obras se encuentran en ejecución. Adicionalmente, 37 organizaciones comunitarias reciben subsidios directos para la gestión del agua, con aportes nacionales de $1.797 millones. Estas acciones aseguran el acceso efectivo al líquido vital en zonas rurales dispersas.
Los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial también registran una inyección presupuestal histórica de $1,45 billones para el sector vivienda. Bajo este esquema se han puesto en marcha 44.374 soluciones habitacionales, logrando la terminación de 12.264 mejoramientos y 3.658 viviendas rurales. Los subsidios para adquisición de vivienda urbana en estas zonas han beneficiado a 6.421 hogares. La gestión en los PDET es fundamental para estabilizar los territorios y consolidar la paz en las regiones críticas.
Respecto al acceso al agua en los territorios PDET, el Ministerio coordina 128 proyectos con una inversión total de $1,2 billones. Los resultados actuales muestran 50 proyectos finalizados que impactan a un millón de personas, junto con 78 obras adicionales que beneficiarán a 1,7 millones de ciudadanos. Trece organizaciones comunitarias de agua en estas zonas reciben subsidios del Estado por un valor de $998 millones. El fortalecimiento de la gestión comunitaria es un pilar de la nueva política pública.
Durante el actual periodo de administración, el 19,7% de los subsidios de Fonvivienda se han destinado a hogares víctimas de desplazamiento forzado. Esto se traduce en beneficios concretos para 41.138 familias, de las cuales 10.519 residen en zonas rurales y 30.619 en cascos urbanos. El modelo de atención evolucionó de una simple entrega de subsidios hacia una política de hábitat integral. Esta visión reconoce la diversidad de los territorios y promueve la participación popular en la construcción de soluciones.
El marco normativo se ha fortalecido con la expedición de seis decretos que reglamentan programas como Barrios y Veredas de Paz y el Mínimo Vital de Agua. También se creó el Programa de Autogestión de Vivienda de Interés Social y se amplió la cobertura de subsidios para viviendas usadas. Estas herramientas legales permiten una mayor flexibilidad para atender las necesidades específicas de la población vulnerable. La articulación con el sector financiero y las organizaciones sociales ha sido clave para estos logros.
El documento CONPES 4180 de 2025 refuerza este camino al proponer soluciones duraderas en titulación, arrendamiento temporal y esquemas de cierre financiero para las víctimas. Estas medidas progresivas están orientadas a eliminar las barreras de acceso a la propiedad privada y asegurar la permanencia en el territorio. El Ministerio de Vivienda reafirma su meta de transformar los hábitats para que la paz sea una realidad tangible. La gestión en Quibdó y otras regiones sigue priorizando la vida digna.
