El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y el IGAC, solicitó formalmente a los líderes de las protestas la entrega inmediata del listado de sus representantes. Este documento es el requisito indispensable para dar inicio a la Mesa Nacional de Negociación programada para este lunes 13 de abril en Bogotá. Aunque el pasado viernes se firmó un acta de compromiso en la que se pactó esta entrega, las autoridades confirmaron que, hasta la tarde del domingo, la información oficial no ha sido remitida.
La declaración surge tras una jornada de concertación previa realizada en la sede del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En dicho encuentro participaron virtualmente delegados de los departamentos de Santander y Boyacá, incluidos miembros del movimiento Catastro Justo. Pese a que estos líderes aceptaron trasladar las conversaciones a la capital colombiana y suscribieron los términos iniciales, el Ejecutivo señala que la falta de una confirmación formal de las vocerías impide avanzar con el cronograma de trabajo técnico y político establecido.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha liderado la mediación técnica, actuando como el escenario principal para la escucha de las comunidades afectadas por las actualizaciones catastrales. La entidad enfatizó que la Mesa Nacional contará con la presencia de carteras clave como el Ministerio de Hacienda, el DNP y el DANE. La intención del organismo es transformar las reclamaciones locales en soluciones nacionales que garanticen la equidad en el territorio, siempre y cuando exista una representación clara y validada por los manifestantes.
Uno de los puntos críticos que el Gobierno busca ratificar es el compromiso de no promover nuevos bloqueos en las vías nacionales. En el acta firmada el 10 de abril, los líderes se comprometieron a permitir pasos humanitarios e intermitentes para evitar afectaciones mayores a la movilidad y el abastecimiento. Sin embargo, para que estas garantías de seguridad y convivencia se mantengan vigentes durante las negociaciones, el Ministerio del Interior considera vital identificar quiénes son los interlocutores responsables de dar cumplimiento a lo pactado.
La instalación de la mesa está prevista para las 10:00 a. m. en las instalaciones del IGAC en Bogotá. En este espacio se discutirán temas de alta sensibilidad como la gestión de tierras, los avalúos y las garantías de seguridad para líderes sociales. La administración central busca centralizar las peticiones de las regiones para ofrecer respuestas integrales que involucren a los organismos de control. No obstante, la ausencia de una lista oficial de nombres pone en riesgo la celeridad de las decisiones presupuestales y administrativas.
El movimiento Catastro Justo, protagonista de las recientes movilizaciones en Santander y Boyacá, ha fundamentado su lucha en la transparencia de los procesos de actualización de predios. El Gobierno ha mostrado disposición para revisar casos específicos, pero insiste en que el diálogo constructivo requiere una estructura de negociación organizada. Sin voceros oficiales, los compromisos adquiridos en las regiones podrían quedar en el aire, afectando la legitimidad de las veedurías ciudadanas que han acompañado el proceso de concertación desde su origen.
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han actuado como garantes en este proceso, supervisando que se respeten los derechos tanto de los manifestantes como del resto de la ciudadanía. Ambas entidades han instado a las organizaciones sociales a cumplir con la entrega del listado para evitar que la mesa de mañana se convierta en una sesión infructuosa. El acompañamiento internacional y de organismos estatales busca asegurar que cada punto del pliego de peticiones sea analizado bajo un marco jurídico y técnico.
La presidencia de la República, por intermedio del Viceministerio para el Diálogo Social, concluyó que la autonomía de las organizaciones es respetada, pero la formalidad es necesaria para la validez de los acuerdos. El éxito de la jornada de este lunes depende ahora de la respuesta de los líderes regionales en las próximas horas. El país espera que esta instancia de negociación ponga fin a las tensiones y permita que las demandas campesinas y sociales se traduzcan en políticas públicas efectivas para el desarrollo rural.
