La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del exalcalde de Mistrató, Risaralda, Francisco Javier Medina Carvajal, por su presunta responsabilidad en actos de corrupción relacionados con el mejoramiento de vías terciarias. Junto al exmandatario, fueron vinculados al proceso el exsecretario de Planeación, Óscar Darío Franco, y el contratista César Augusto Ortega. Los hechos investigados este 18 de abril de 2026 corresponden al contrato 06 de 2019, cuya ejecución estaba destinada a la construcción de placa huellas en zonas rurales del municipio.
El proyecto vial contaba con un presupuesto asignado de 2.936 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Dichos fondos fueron otorgados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión en el marco de los acuerdos para la terminación del conflicto. La investigación técnica reveló que, desde la etapa precontractual, se habrían diseñado pliegos de condiciones direccionados para favorecer a un único proponente, limitando ilegalmente la participación de otros oferentes interesados en la licitación pública regional.
La planeación y estructuración de los estudios previos, fase en la que participó activamente el entonces secretario de Planeación, incluyó requisitos técnicos diseñados para beneficiar exclusivamente al consorcio seleccionado. Las inconsistencias detectadas por los peritos de la Fiscalía sugieren una manipulación deliberada de los indicadores de experiencia para asegurar la adjudicación del contrato. Este tipo de prácticas contravienen los principios de transparencia y selección objetiva que deben regir toda contratación estatal financiada con dineros públicos de la nación colombiana.
Por su parte, el contratista César Augusto Ortega Ramírez es señalado de presentar una propuesta económica utilizando documentos falsos para acreditar la capacidad del equipo técnico. Según el ente acusador, Ortega incluyó hojas de vida y cartas de compromiso de profesionales que nunca autorizaron su vinculación ni conocían su inclusión en la oferta. Esta maniobra buscaba simular una idoneidad técnica que el consorcio no poseía, engañando a la administración municipal para obtener el millonario desembolso de los recursos de regalías.
La Fiscalía estableció que el exalcalde Medina Carvajal, en su calidad de ordenador del gasto, habría estado al tanto de todas las irregularidades presentadas durante el proceso licitatorio. A pesar de las advertencias y las inconsistencias evidentes en la documentación aportada por el contratista, el mandatario permitió que el trámite avanzara hasta la firma del contrato definitivo. Su omisión en el control jerárquico y administrativo permitió que se comprometieran los recursos destinados a mejorar la conectividad de las comunidades campesinas de Risaralda.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los tres involucrados el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, el particular Ortega Ramírez enfrentará cargos por falsedad en documento privado y violación de datos personales, debido al uso inconsulto de la información de terceros. Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante la audiencia de imputación, por lo que el proceso continuará hacia la etapa de juicio oral bajo la vigilancia estricta de los organismos de control.
Este caso de corrupción afecta directamente la infraestructura de paz, dado que los recursos del OCAD-Paz estaban destinados a resarcir la deuda histórica con las zonas más afectadas por la violencia. El desvío o la mala gestión de estos fondos retrasa el desarrollo agrícola y dificulta el acceso de los campesinos a los mercados regionales. La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso de perseguir penalmente a quienes utilicen los dineros públicos para beneficio personal, afectando la estabilidad económica de los municipios.
Finalmente, la investigación judicial busca determinar si existen otros funcionarios o particulares involucrados en este entramado de intereses privados en Mistrató. El seguimiento a los recursos de regalías es una prioridad para asegurar que las obras contratadas se ejecuten con la calidad técnica requerida y en los tiempos pactados. El fortalecimiento de la justicia penal en los territorios es vital para erradicar las malas prácticas en la contratación pública. La transparencia administrativa debe ser el pilar fundamental para el progreso real de las regiones.
