El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó sobre un grave incidente fluvial ocurrido en el río Putumayo, específicamente en el sector de Marandúa, Amazonas. Los hechos sucedieron la noche del domingo 12 de abril de 2026, cuando una unidad de la Marina de Guerra del Perú interceptó dos embarcaciones de carga. Durante el procedimiento de patrullaje se registraron disparos que impactaron a ciudadanos colombianos, generando una inmediata reacción diplomática y militar entre ambas naciones para esclarecer lo sucedido.
Lamentablemente, en el desarrollo de estos acontecimientos perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, un hombre de 82 años y propietario de la embarcación. Además, uno de sus hijos resultó herido y otros dos tripulantes fueron detenidos por las autoridades peruanas en la localidad de San Antonio del Estrecho. La situación ha activado los protocolos de asistencia consular y defensa para proteger la integridad de los connacionales involucrados en este evento fronterizo ocurrido a las 21:00 horas.
Ante la gravedad de los hechos, el ministro Sánchez estableció comunicación directa con su homólogo en Perú para coordinar acciones urgentes de cooperación mutua. El primer acuerdo alcanzado fue priorizar la atención médica del colombiano herido, asegurando su estabilidad antes de cualquier trámite judicial. Asimismo, se pactó facilitar la actuación de las autoridades judiciales competentes de ambos países para realizar las inspecciones técnicas necesarias en el lugar donde se presentaron los disparos contra la embarcación civil.
Como tercera medida estratégica, Colombia ha solicitado la activación de canales diplomáticos para conformar una comisión binacional de alto nivel. Este equipo estará integrado por autoridades judiciales y militares de ambos países con el objetivo de investigar con total rigor las circunstancias del incidente. Se busca determinar las responsabilidades a que haya lugar bajo los principios de transparencia y respeto por la soberanía. El Gobierno nacional enfatizó que la prioridad absoluta es garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
En una actualización reciente del caso, la Fuerza Aérea Colombiana ejecutó exitosamente una evacuación aeromédica para el ciudadano que resultó herido en el río Putumayo. El paciente fue trasladado bajo estrictos protocolos médicos desde la zona fronteriza hacia la ciudad de Bogotá para recibir atención especializada de alta complejidad. Esta maniobra logística busca salvaguardar la vida del sobreviviente, quien es pieza clave para reconstruir los detalles del procedimiento ejecutado por la Marina de Guerra del Perú el domingo.
La comunicación entre las armadas de ambos países se mantiene activa desde las primeras horas de este lunes para evitar nuevos roces en la zona limítrofe. El Ministerio de Defensa colombiano reiteró que se actuará con responsabilidad para mantener la armonía entre naciones hermanas sin dejar de lado la protección de sus ciudadanos. La zona de Marandúa permanece bajo vigilancia mientras las autoridades judiciales recolectan pruebas sobre la lancha y el remesero involucrados en el procedimiento de patrullaje fluvial.
El acompañamiento a la familia de Gutiérrez Baquero está siendo coordinado por un equipo interdisciplinario que incluye asistencia psicológica y asesoría jurídica internacional. Las detenciones de los dos tripulantes colombianos en territorio peruano son objeto de seguimiento por parte de la Cancillería para asegurar el debido proceso. El Gobierno de Colombia espera que la comisión binacional arroje resultados prontos que permitan entender por qué se recurrió al uso de la fuerza letal contra la embarcación de carga.
Este incidente en el río Putumayo pone de manifiesto la complejidad de la vigilancia en las fronteras amazónicas y la necesidad de protocolos de comunicación más robustos. La transparencia en la investigación será fundamental para conservar la confianza y la cooperación en la lucha contra actividades ilícitas en la región. El ministro Pedro Sánchez reafirmó que el Estado no escatimará esfuerzos para proteger la vida y la dignidad de los colombianos, priorizando siempre el esclarecimiento total de los hechos trágicos.
