Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la identificación de Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, un conductor de plataformas digitales vinculado con graves delitos. El procesado es señalado de hurtar y abusar sexualmente de dos mujeres de nacionalidad extranjera en los municipios de Medellín y Envigado, departamento de Antioquia. Las autoridades lograron establecer un patrón delictivo que el hombre ejecutaba bajo la fachada de prestador de servicios de transporte privado para contactar a sus víctimas.
El primer evento delictivo registrado por los entes de control ocurrió durante la madrugada del 14 de agosto de 2025. Según el expediente, el procesado habría intimidado con un arma cortopunzante a una pasajera de tan solo 21 años para despojarla de su dinero en efectivo. Tras el hurto, el hombre presuntamente agredió sexualmente a la joven en un paraje de la capital antioqueña. Este hecho activó los protocolos de atención integral para la víctima y dio inicio a las labores de inteligencia correspondientes.
Apenas cuatro días después, el 18 de agosto de 2025, se atribuye a Acosta Bolaño un segundo hecho violento en el municipio de Envigado contra una mujer de 22 años. La víctima fue sometida a distintos vejámenes sexuales y despojada de todas sus pertenencias personales antes de ser abandonada por el agresor. La similitud en el modus operandi permitió a los investigadores del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual unificar los procesos para identificar al responsable de estos ataques.
Los elementos materiales probatorios indican que el señalado llegó al Valle de Aburrá procedente de la Costa Atlántica con el fin de perpetrar estos actos ilícitos de manera sistemática. Para evadir los controles de las plataformas digitales y de las autoridades de tránsito, el hombre alquiló un vehículo particular que registró con documentos irregulares. De igual forma, se estableció que falsificó una licencia de conducción a nombre de un tercero para ocultar su verdadera identidad mientras circulaba por las vías metropolitanas.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a Acosta Bolaño los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, sumado a la falsedad material en documento público agravado. Durante las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, el procesado decidió no aceptar los cargos que se le atribuyeron. No obstante, la contundencia de las pruebas presentadas por la fiscal del caso fue suficiente para que se determinara la gravedad del riesgo que representa para la sociedad.
Tras el análisis de los testimonios y las pruebas técnicas recolectadas por el cuerpo técnico de investigación, el juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Esta decisión busca proteger a la ciudadanía y garantizar la comparecencia del implicado en las etapas subsiguientes del juicio oral. La captura del sospechoso representa un alivio para los sectores residenciales donde operaba, pues su accionar delictivo se basaba en la vulnerabilidad de las pasajeras que solicitaban servicios de transporte nocturno.
Las autoridades hicieron un llamado preventivo a los usuarios de plataformas digitales para verificar siempre la identidad del conductor y las placas del vehículo antes de abordar cualquier servicio. Asimismo, se instó a otras posibles víctimas que reconozcan al agresor a denunciar formalmente para robustecer el proceso judicial en curso. El fortalecimiento de las capacidades de investigación en casos de abuso sexual ha permitido que este tipo de criminales sean retirados de circulación en tiempos récord durante este periodo de 2026.
La judicialización de Acosta Bolaño cierra un capítulo de zozobra en la capital antioqueña respecto a la seguridad en el transporte privado gestionado por aplicaciones móviles. La fiscalía reiteró que no habrá tolerancia frente a delitos que atenten contra la integridad física y la libertad sexual de las mujeres, sin importar su origen o nacionalidad. El proceso continuará bajo estrictos protocolos de reserva para proteger la identidad de las afectadas, mientras el imputado aguarda el inicio del juicio penal que definirá su sentencia definitiva.
