El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0382 de 2026 para reglamentar el Sistema Nacional de Integridad, instancia creada para prevenir la corrupción y aumentar la transparencia en Colombia. Esta normativa lleva la firma del presidente Gustavo Petro y busca consolidar la confianza ciudadana, alineando al país con los estándares de la OCDE. El sistema otorgará a las entidades públicas herramientas modernas para incentivar la participación activa de servidores y organismos internacionales.
La directora de Función Pública, Mariella Barragán, destacó que la puesta en funcionamiento de este sistema representa un hito fundamental para la administración pública nacional. El objetivo primordial es generar una reflexión profunda en los servidores públicos sobre su vocación de servicio y el cumplimiento de códigos éticos. Al asumir comportamientos de liderazgo y valores sólidos, se pretende blindar a las instituciones del Estado frente a posibles actos delictivos que afecten el patrimonio.
El nuevo sistema propone que todas las entidades nacionales y territoriales creen gestores, pactos y unidades de integridad para vigilar el uso de los recursos públicos. En este proceso se involucrará activamente a las veedurías ciudadanas, la academia, el sector privado y los medios de comunicación regionales. La estructura del SIN busca que el control de lo público no sea una tarea aislada, sino un compromiso colectivo que involucre diversos sectores.
Para su operación técnica, el sistema contará con un Comité Coordinador liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia. También participarán los presidentes de las Comisiones Regionales de Moralización, asegurando una vigilancia efectiva en cada departamento del territorio colombiano. Esta instancia coordinará las acciones preventivas y evaluará el impacto de las políticas de integridad implementadas en las tres ramas del poder público del país.
Asimismo, el decreto establece la creación de una Comisión Intersectorial conformada por el Ministerio TIC, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Contratación. Esta comisión tendrá la responsabilidad de diseñar estrategias tecnológicas y de planeación para simplificar la identificación de riesgos de corrupción. El trabajo articulado entre estas carteras asegura que la lucha contra la ilegalidad cuente con un respaldo técnico y digital robusto para enfrentar las mafias de la contratación.
A finales de abril de 2026, Función Pública firmará el primer Pacto de Integridad con las entidades que integran el comité y la comisión del sistema. Este acto simbólico y administrativo servirá como modelo para la implementación gradual de la norma en el resto de las instituciones estatales. El Gobierno busca que las entidades firmantes tomen la iniciativa y den el ejemplo sobre cómo gestionar los asuntos públicos con total transparencia.
El Decreto 0382 de 2026 fue suscrito también por la ministra TIC, Carina Murcia, y las directoras del Dapre y el DNP, Nohra Mondragón y Natalia Molina. La participación de estas funcionarias subraya el carácter transversal de la nueva política de integridad que abarca desde la tecnología hasta la planeación estratégica. Colombia avanza así en la construcción de un Estado más honesto, donde la participación ciudadana sea el eje central del control preventivo institucional.
Finalmente, el Sistema Nacional de Integridad pretende transformar la cultura organizacional dentro de las oficinas públicas para recuperar la fe de los contribuyentes en sus gobernantes. Al fortalecer las rutas de denuncia y los mecanismos de transparencia, se reduce el margen de maniobra para los corruptos en todo nivel. El compromiso del Ejecutivo es garantizar que cada peso del presupuesto sea invertido correctamente en beneficio de las comunidades más necesitadas de toda la nación.
