La Fiscalía General de la Nación descubrió un entramado de corrupción en la contratación para la atención de la primera infancia en La Guajira. Siete personas, entre exfuncionarios y particulares, fueron judicializadas por irregularidades en el suministro de alimentos para comunidades rurales. El ente investigador puso en evidencia que los señalados se apropiaron de recursos destinados a mujeres gestantes en Riohacha y Manaure. Las capturas se realizaron este miércoles 1 de abril.
Los exfuncionarios involucrados pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y habrían facilitado el direccionamiento de los millonarios contratos estatales. Gabriel Antonio Benítez, Lorenza Martínez y Jessica Peñaranda son los señalados de aprobar actas de revisión con sobrecostos inusuales. Junto a ellos, cuatro particulares habrían participado en la falsificación de documentos para inflar los informes financieros presentados ante la entidad. La red operó de manera coordinada actualmente.
Los hechos irregulares están relacionados con tres contratos suscritos por la seccional de La Guajira durante el periodo comprendido en el año 2019. El objeto contractual era la atención integral de población vulnerable, incluyendo el componente alimentario con un enfoque diferencial étnico. Sin embargo, los elementos probatorios dan cuenta de que se aprobaron 12 pagos irregulares a favor de una asociación privada. La corrupción afectó programas de nutrición básica.
Rosidis Barliza Rivera, representante de la empresa contratista, presuntamente utilizó facturas falsas para solicitar el desembolso de más dinero público nacional. Otros particulares involucrados fungían como supuestos proveedores de productos perecederos, carnes y verduras de alta calidad. Los documentos registraban incrementos desproporcionados en el valor de las raciones diarias entregadas a los niños. El engaño financiero permitió el desvío sistemático de los fondos de bienestar.
A través del aumento ficticio en el costo del servicio de alimentación, se generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos. Este dinero, que debía garantizar la salud de los menores Wayúu, terminó en manos de terceros de forma ilícita. Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira lideró la investigación técnica. La recolección de pruebas materiales fue fundamental para sustentar las imputaciones.
Los delitos imputados por el ente acusador incluyen peculado por apropiación en favor de terceros agravado y falsedad ideológica en documento público. También se les atribuye falsedad en documento privado por la manipulación de las cuentas de cobro de los proveedores. Cada uno de los procesados deberá responder ante un juez de control de garantías según su participación individual demostrada. La justicia busca recuperar los recursos públicos hoy.
Las investigaciones continúan para determinar si existen otros contratos afectados por esta misma red de corrupción en el norte de Colombia. El ICBF manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades judiciales y erradicar estas prácticas delictivas internas. Proteger el presupuesto destinado a la niñez es una prioridad máxima para la administración actual del instituto nacional. Se espera que las audiencias de medida de aseguramiento avancen pronto.
Dicho operativo judicial representa un avance significativo en la lucha contra el saqueo de los recursos para la alimentación escolar regional. La transparencia en la ejecución de los programas sociales es fundamental para garantizar el desarrollo de las comunidades indígenas más apartadas. El país observa con atención el desenlace de este proceso penal que enluta la gestión pública en el departamento de La Guajira. Ningún acto de corrupción quedará impune.
