La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra un teniente y tres soldados profesionales del Ejército Nacional, señalados como presuntos responsables de la muerte de un campesino en 2017. El proceso judicial vincula al oficial Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y a los uniformados Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García. Los hechos investigados ocurrieron el 9 de abril de aquel año en la zona rural del municipio de Arenal, en el departamento de Bolívar, durante el desarrollo de una misión táctica.
Al momento del suceso, los procesados integraban un grupo élite de tiradores de alta precisión adscrito al Batallón de Acción Directa número 1 de la Quinta Brigada. La operación militar tenía como objetivo principal la ubicación y captura de un cabecilla del ELN conocido bajo el alias de "Cusi", quien presuntamente frecuentaba esa región del país. Según el reporte oficial, el despliegue buscaba neutralizar las actividades delictivas de dicha estructura guerrillera, pero terminó afectando a la población civil que transitaba por los senderos de la vereda.
Las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos indican que el teniente Barrios Zuzunaga ordenó interceptar a dos hombres que caminaban por el sector. Ante el procedimiento militar, los civiles se asustaron y emprendieron la huida, momento en el cual los uniformados accionaron sus armas de dotación para impedir el escape. Como consecuencia de los disparos, uno de los campesinos perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona fue capturada por la patrulla militar.
Los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador demuestran que las víctimas del ataque no tenían ninguna relación con el objetivo militar perseguido en la zona de operaciones. El cabecilla del ELN, alias "Cusi", se encontraba en un punto apartado de donde ocurrió el incidente y fue detenido por otras unidades militares horas más tarde. Esta evidencia sugiere que el ataque contra los campesinos fue un error de identificación que derivó en una agresión letal injustificada contra ciudadanos que no participaban en las hostilidades.
La Fiscalía señala que los militares actuaron de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos en los manuales de Derecho Internacional Humanitario vigentes para la Fuerza Pública. El ente investigador sostiene que los uniformados no adoptaron las medidas necesarias para identificarse plenamente ni garantizaron que los civiles comprendieran la orden de detenerse antes de abrir fuego. El uso de armas de alta precisión contra personas desarmadas que corrían por temor constituye, según la acusación, una violación flagrante a las normas de protección de no combatientes.
En el escrito de acusación, el fiscal del caso imputó a los cuatro militares el delito de homicidio en persona protegida, una conducta tipificada como grave violación a los derechos humanos. Los procesados deberán responder ante la justicia ordinaria por el uso excesivo de la fuerza y por no haber seguido la cadena de mando de manera responsable durante el contacto con la población civil. Este proceso busca establecer la responsabilidad penal individual de cada integrante del equipo de tiradores en el fallecimiento del trabajador del campo.
El caso ha generado atención sobre los procedimientos de las unidades de élite en zonas de conflicto, donde la distinción entre objetivos militares y civiles es un deber imperativo para los comandantes. La familia de la víctima ha solicitado celeridad en el juicio para que se reconozca la condición de civil del fallecido y se limpie su buen nombre frente a las acusaciones iniciales. Por su parte, la defensa de los militares argumenta que actuaron bajo la presión del combate y la presencia confirmada de grupos insurgentes en el área.
Finalmente, la justicia determinará si la orden emitida por el teniente Barrios y la ejecución por parte de los soldados profesionales se ajustó a la necesidad militar o si fue un acto criminal. El proceso judicial continuará en las próximas semanas con la presentación de testigos y peritajes técnicos sobre la trayectoria de los proyectiles disparados aquel 9 de abril. Este caso reafirma el compromiso de las instituciones por investigar y sancionar cualquier conducta de la Fuerza Pública que se aparte de los principios de legalidad y protección ciudadana.
