La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios. Junto al exmandatario, fueron vinculadas la exdirectora de contratación, Luz Mila Acevedo, y la exgestora social, Sara Pedraza. Las investigaciones señalan que estos funcionarios habrían coordinado la vinculación de un abogado a la administración municipal para favorecer intereses particulares durante el año 2024.
El propósito central de las actuaciones ilegales detectadas era lograr que el abogado contratado retirara una demanda de nulidad electoral. Dicha acción legal había sido interpuesta contra la elección de Krasnov tras los comicios de noviembre de 2023. Según el ente acusador, la contratación se utilizó como un mecanismo de presión para desactivar el proceso judicial que ponía en riesgo la estabilidad del cargo ocupado por el mandatario boyacense.
Los elementos materiales probatorios indican que se suscribieron dos contratos de manera irregular para cumplir con los compromisos pactados. El primero se firmó en febrero de 2024 por un valor de 19.800.000 pesos, aunque nunca llegó a ejecutarse. Posteriormente, se realizó una segunda vinculación a través de la empresa pública Ecovivienda por un monto de 54.285.000 pesos. Este contrato tenía como objeto brindar apoyo jurídico y enlace administrativo.
La fiscalía determinó que los trámites contractuales iniciaron inmediatamente después de instaurada la demanda y finalizaron con el retiro de la misma. Adicionalmente, se investigan presuntas amenazas realizadas por el exalcalde contra el entonces gerente de Ecovivienda para forzar la firma de los documentos. Estas presiones buscaban expedir certificaciones que eximieran de responsabilidad a los implicados en la maniobra delictiva que hoy es objeto de juicio penal.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, los señalados deberán responder por el punible de amenazas a testigos, debido a las presiones ejercidas sobre funcionarios subalternos. La justicia busca determinar el grado de participación de cada uno de los acusados en la estructuración de este esquema de corrupción administrativa que afectó la transparencia institucional.
El particular Miguel Ángel Ruiz Suárez también fue incluido en la acusación formal como interviniente en las reuniones donde se pactaron las irregularidades. Las autoridades cuentan con testimonios y registros que confirman la coordinación entre los exdirectivos para desviar recursos públicos hacia fines personales. Este caso representa un hito en la lucha contra el uso de la contratación estatal para interferir en los procesos de nulidad electoral regionales.
La defensa de los implicados tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos durante las próximas audiencias programadas para el primer semestre de 2026. Mientras tanto, el abogado que recibió los contratos ya fue judicializado previamente por su participación directa en los hechos. La comunidad tunjana permanece atenta al desenlace de este proceso que involucra a los máximos niveles de la administración municipal del periodo constitucional inmediatamente anterior al actual.
La transparencia en la gestión pública y la independencia de la rama judicial son pilares fundamentales que el ente acusador busca proteger. Con esta acusación, la fiscalía ratifica su compromiso de perseguir los delitos que atentan contra la administración pública y el correcto ejercicio de la función estatal. La sanción de estas conductas es necesaria para evitar que se repitan prácticas que vulneran la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.
