La viceministra de Educación, Maritza Molina Acosta, lideró una jornada histórica en el corregimiento de Carrizal, municipio de Pelaya, para saldar una deuda estatal de 20 años. Por primera vez, el Gobierno nacional llegó a las veredas del sur del Cesar para establecer una hoja de ruta que garantice el bachillerato completo. Esta intervención busca beneficiar a las comunidades campesinas que han sufrido el olvido administrativo en sus propios territorios escolares.
El encuentro territorial impactó a las poblaciones rurales de La Gloria, Pailitas, Chimichagua y Curumaní, donde históricamente se había negado el derecho a la formación académica superior. Durante la actividad, la funcionaria escuchó a 80 líderes comunitarios que denunciaron cómo la falta de maestros y de infraestructura obligaba a los jóvenes al desplazamiento forzado. La meta institucional es que la educación sea un derecho fundamental gobernado por la propia comunidad campesina.
Molina Acosta enfatizó que la prioridad del sector es asegurar que los niños y adolescentes puedan culminar el grado 11 sin abandonar sus hogares rurales. La desatención de dos décadas ha generado ciclos de exclusión que el actual Gobierno busca romper mediante una gestión directa y transparente. La presencia estatal en estas zonas de difícil acceso representa un cambio significativo en la política de territorialización de los servicios públicos educativos.
La hoja de ruta activada contempla seis ejes fundamentales de acción inmediata para modernizar las instituciones educativas del departamento. Los compromisos incluyen la ampliación de la oferta escolar, la asignación de docentes calificados, el mejoramiento de infraestructura y la dotación de tecnología. Asimismo, se priorizará la conectividad digital y la legalización de los predios donde funcionan las escuelas, garantizando así que las futuras inversiones del Estado sean viables.
Para asegurar el cumplimiento de lo pactado, se conformaron comités de seguimiento técnico liderados por el equipo SIMES del departamento del Cesar. Estos grupos de veeduría ciudadana vigilarán que la radicación formal de las peticiones se convierta en soluciones reales para los estudiantes. La transparencia será el pilar de este proceso, permitiendo que los padres de familia conozcan los avances en la contratación de maestros y obras.
La inversión en el sur del Cesar se proyecta como una herramienta para convertir los colegios en territorios de paz y convivencia social. Al fortalecer la educación inicial y media en el campo, se reduce la vulnerabilidad de la juventud ante grupos al margen de la ley. La formación técnica y profesional debe llegar a cada vereda, permitiendo que el conocimiento sea el motor de desarrollo para las familias.
El plan de acción también busca dignificar la labor pedagógica de los maestros que trabajan en las condiciones más difíciles del país. La dotación de materiales didácticos y la mejora de los entornos escolares son pasos necesarios para alcanzar una calidad educativa superior en el Cesar. La articulación con los entes territoriales permitirá que los recursos lleguen de manera eficiente a los centros educativos que fueron olvidados anteriormente.
Esta gestión administrativa iniciada el 13 de abril de 2026 marca el inicio de una transformación profunda para la juventud rural colombiana. Al garantizar la permanencia escolar en los corregimientos, el Estado cumple el sueño de miles de familias que lucharon por décadas para obtener atención. El éxito de esta iniciativa depende del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y los líderes locales para construir un futuro próspero.
