La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 11 años y ocho meses al intendente jefe José Gregorio Aguirre Corrales, quien se desempeñaba como comandante de la Sección Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Pereira. La decisión se tomó tras comprobarse que el uniformado incurrió en conductas de acoso sexual de manera sistemática contra tres de sus subalternas: una subintendente y dos patrulleras. Este fallo reafirma el compromiso de las instituciones por erradicar las violencias basadas en género dentro de las fuerzas de seguridad.
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pereira ratificó que Aguirre Corrales, aprovechando su posición de superior jerárquico, realizó propuestas sexuales inapropiadas a las funcionarias. Según la investigación, el disciplinado llegó a ofrecer dinero y beneficios laborales a cambio de favores sexuales, vulnerando los principios de ética y profesionalismo que deben regir a la institución policial. El ente de control fue enfático al señalar que estas acciones no solo constituyen una falta administrativa, sino una grave agresión a la libertad y autonomía de las mujeres afectadas.
En el desarrollo del proceso, el Ministerio Público destacó que el tratamiento de las denuncias se realizó bajo un riguroso enfoque de género. Esta perspectiva permitió identificar cómo el comportamiento del intendente generó afectaciones psicológicas profundas en las víctimas, impactando negativamente sus esferas personal y laboral. El informe disciplinario señala que las uniformadas experimentaron una constante sensación de inseguridad e intimidación debido al lenguaje y las actitudes hostiles de Aguirre Corrales en el entorno de trabajo.
La Entidad calificó la conducta del intendente jefe como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo. Al atentar de forma sistemática contra la dignidad e integridad de sus subordinadas, el sancionado rompió el deber de respeto que sustenta la jerarquía institucional. Con esta decisión, la Procuraduría busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente al acoso y el abuso de poder, garantizando que los espacios de servicio público sean entornos seguros para todas las mujeres que integran la Fuerza Pública en 2026.
Las pruebas recolectadas permitieron establecer la frecuencia y gravedad de los ofrecimientos económicos y las insinuaciones sexuales. Para los organismos de control, este tipo de comportamientos debilita la confianza ciudadana en la Policía Nacional y despoja a los cargos de mando de su autoridad moral. La destitución inmediata busca apartar de sus funciones a quienes utilizan el uniforme para victimizar a sus propios compañeros, garantizando la depuración de las filas frente a conductas que denigran la condición humana.
La sanción impuesta por el Ministerio Público contempla una inhabilidad que le impedirá a Aguirre Corrales ejercer cargos públicos durante más de una década. Esta medida resarcitoria reconoce el daño causado al proyecto de vida de las tres agentes y busca prevenir que el agresor pueda reincidir en otras dependencias del Estado. La Procuraduría recordó que la protección de los derechos de las mujeres es una prioridad constitucional que debe ser garantizada con especial rigor cuando el agresor es un servidor público encargado de proteger la ley.
Contra esta decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto en efecto suspensivo por la Procuraduría de Juzgamiento de Risaralda. Sin embargo, el contundente fallo inicial marca un precedente importante en la lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral del Eje Cafetero. El fortalecimiento de las rutas de denuncia interna en la Policía ha sido clave para que las víctimas puedan romper el silencio y buscar justicia frente a sus agresores jerárquicos.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación instó a todas las instituciones del Estado a robustecer sus protocolos de atención para casos de acoso sexual. La implementación de la ley y las recomendaciones internacionales en materia de género deben ser la guía permanente para evitar la revictimización de quienes denuncian. Con la destitución de Aguirre Corrales, se cierra un capítulo de impunidad en la Metropolitana de Pereira, reafirmando que el respeto por la dignidad de las subalternas es una condición innegociable para el ejercicio del mando policial.
