La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), logró sentencias condenatorias contra dos hombres responsables de la muerte de caninos en hechos de extrema crueldad. Los jueces penales de conocimiento dictaron los fallos tras evaluar el material probatorio que demostraba lesiones severas y amputaciones sufridas por los animales. Estas decisiones judiciales reafirman el compromiso de las autoridades colombianas con la protección de los seres sintientes y el cumplimiento de la ley penal.
En el primer caso, Jhanier Steven Maldonado Morales fue sentenciado a 24 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado. Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2025 en la ciudad de Santa Marta, donde el procesado agredió físicamente a un canino de nombre ‘Pinky’. La violencia de las patadas propinadas por el hombre le causaron al animal lesiones internas de tal gravedad que terminaron con su vida, generando indignación en la comunidad del Magdalena.
Además de la pena privativa de la libertad, Maldonado Morales deberá pagar una multa económica equivalente a 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia también incluye la prohibición absoluta de tenencia de cualquier tipo de animal durante el mismo periodo de la pena principal. La aceptación libre y voluntaria de los cargos por parte del agresor permitió agilizar el proceso judicial, estableciendo un precedente sobre las consecuencias legales de ejercer violencia física contra mascotas en entornos urbanos y residenciales.
Por otro lado, en Barrancabermeja, Santander, se dictó sentencia contra Heradis de Jesús Salas Balmaceda por actos de sevicia cometidos en julio de 2021. El procesado fue hallado culpable de someter a una canina llamada ‘Kiara’ a sufrimientos extremos en el barrio La Victoria. Según el expediente, Salas Balmaceda utilizó un arma cortopunzante para ocasionarle múltiples heridas severas, incluyendo la amputación de su cola y otras partes de su cuerpo, antes de abandonarla agónica en plena vía pública del municipio petrolero.
La condena impuesta para este segundo caso fue de 20 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 24 meses. El juez también le impuso una multa de 8,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de convivir con animales. La sevicia demostrada en este ataque contra ‘Kiara’ fue determinante para que la Fiscalía solicitara una sanción ejemplar que reflejara la gravedad de las mutilaciones y el posterior abandono del animal en estado de vulnerabilidad.
Estas acciones judiciales forman parte de la estrategia nacional para combatir los delitos contra la integridad física y emocional de los animales en el país. El grupo Gelma ha intensificado sus labores de investigación en territorio para asegurar que los responsables de agresiones no queden en la impunidad. Las autoridades judiciales destacaron que el maltrato animal es una conducta punible que escala en severidad cuando se utilizan armas o se producen daños permanentes que comprometen la vida de los seres afectados.
La ciudadanía ha jugado un papel fundamental en estos procesos mediante la denuncia oportuna y el aporte de testimonios que permiten identificar a los agresores. En ambos departamentos, tanto en Magdalena como en Santander, las organizaciones defensoras de animales celebraron el avance de la justicia en casos que anteriormente podrían haber quedado en el olvido. La tipificación del maltrato animal como un delito con penas de cárcel efectiva es una herramienta clave para desincentivar comportamientos violentos dentro de la sociedad colombiana actual.
El sistema judicial colombiano continúa fortaleciendo su capacidad de respuesta frente a estas emergencias, integrando peritajes veterinarios y forenses para sustentar las acusaciones ante los jueces. Con estas dos nuevas condenas, se envía un mensaje claro sobre la protección constitucional de los animales y el rigor con el que se aplicará la ley en casos de crueldad. La vigilancia estatal se mantiene activa para prevenir futuros incidentes y garantizar que quienes atenten contra la fauna doméstica asuman las consecuencias penales y económicas correspondientes.
