El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció una propuesta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) orientada a proteger la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe a través de la empresa Air-e. La iniciativa, presentada en el marco del 9no Encuentro y Feria Renovables de SER Colombia en Barranquilla, busca ajustar las condiciones regulatorias para que Air-e pueda fortalecer su contratación de energía en 2027 y reducir su exposición a la volatilidad de precios del mercado eléctrico ante un posible fenómeno de El Niño.
El ministro fue directo al describir la vulnerabilidad actual de Air-e frente a escenarios de estrés climático. “Le hemos propuesto a la CREG revisar la posibilidad de hacer un ajuste para que Air-e pueda contratar la mayor cantidad de energía posible el próximo año, porque actualmente está muy expuesta. Con el fenómeno de El Niño a bordo, los precios de la energía en bolsa pueden dispararse y la situación podría empeorar”, señaló Palma. Esta advertencia sitúa la propuesta regulatoria en un contexto de urgencia real, donde la inacción tendría consecuencias directas sobre millones de usuarios del Caribe colombiano.
La propuesta al ente regulador se acompaña de un llamado explícito a las empresas generadoras, especialmente las públicas, para contribuir a la estabilidad del sistema en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios donde opera Air-e. “Nuestras generadoras públicas deberían hacer el mayor esfuerzo para suministrar energía a Air-e. Desde el Gobierno avanzaremos en los mecanismos regulatorios, pero el salvavidas de fondo requiere recursos”, afirmó el ministro, reconociendo que la solución regulatoria por sí sola no es suficiente para resolver un problema que tiene raíces estructurales profundas.
El ministro Palma contextualizó la situación actual dentro de una historia de fracasos acumulados en la prestación del servicio eléctrico en la Costa Caribe. “En los últimos 20 años han pasado 7 empresas prestadoras del servicio. La solución anterior costó varios billones de pesos y hoy enfrentamos nuevamente una situación crítica. Los usuarios no olvidan lo ocurrido con Electricaribe, pero tampoco lo que ha sucedido recientemente con Air-e, una empresa privada que hace menos de 2 años dejó importantes deudas”, afirmó el funcionario, trazando una línea directa entre el pasado y el presente de la crisis energética regional.
La referencia a Electricaribe y a los ciclos recurrentes de crisis en el Caribe colombiano pone de manifiesto que el problema trasciende a cualquier empresa o gobierno específico. Durante 20 años y con 7 operadores distintos, la región no ha logrado consolidar un modelo de prestación del servicio eléctrico sostenible, confiable y financieramente viable. Esta persistencia del problema sugiere que las soluciones de corto plazo —cambios de operador, inyecciones de recursos, ajustes tarifarios— han sido insuficientes para atender las causas estructurales que alimentan la crisis de manera recurrente.
La exposición de Air-e a los precios de bolsa es un riesgo concreto que el ajuste regulatorio propuesto busca mitigar. Cuando una empresa distribuidora no tiene suficiente energía contratada a precios fijos, cualquier alza en el mercado spot se traduce en mayores costos operativos que eventualmente presionan las tarifas o generan déficits financieros. En un contexto de posible Fenómeno del Niño, donde la generación hidráulica se reduce y los precios de bolsa tienden a dispararse, esta vulnerabilidad puede convertirse rápidamente en una crisis de suministro para los departamentos del norte de Colombia.
La propuesta a la CREG se inscribe en una estrategia más amplia del Ministerio de Minas y Energía para anticipar los riesgos energéticos del país antes de que se conviertan en emergencias. La lección del Fenómeno del Niño anterior, que afectó severamente el sistema eléctrico colombiano, impone la necesidad de actuar con antelación suficiente para que los ajustes regulatorios y contractuales puedan materializarse antes de que se presenten las condiciones climáticas adversas. Actuar en 2026 para proteger el suministro de 2027 es precisamente esa lógica preventiva que el ministerio busca instalar.
El ministro Palma subrayó la necesidad de avanzar hacia soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad del servicio eléctrico en la región Caribe de manera definitiva. Los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira han pagado durante décadas el costo de un modelo que no funciona, con interrupciones frecuentes, tarifas elevadas y operadores que llegan con promesas y se van dejando deudas. La propuesta a la CREG es un paso necesario, pero la región necesita algo más profundo: un rediseño del modelo de prestación del servicio que rompa definitivamente el ciclo de crisis recurrentes que ha marcado su historia energética.
