En un movimiento estratégico para proteger la soberanía y el comercio exterior, el Gobierno Nacional presentó en Buenaventura el ‘Sistema Nacional de la Seguridad y Protección Marítima’. Esta iniciativa busca erradicar el uso de los terminales portuarios como corredores para el narcotráfico y el contrabando. Durante el lanzamiento, este 17 de abril de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fue enfático al advertir que el Estado no permitirá que el crimen organizado continúe infiltrando los activos estratégicos de la nación en sus dos océanos.
La elección de Buenaventura como sede no es casual, pues este distrito maneja el 40 % del comercio exterior del país, movilizando cerca de 19.200.000 toneladas anuales. La nueva estrategia refuerza la protección de buques, tripulaciones e infraestructura frente a amenazas físicas y cibernéticas. Según el jefe de la cartera de Defensa, esta es una decisión de Estado orientada a cerrar brechas históricas, consolidando una arquitectura de seguridad moderna que garantice que Colombia siga siendo un socio confiable en el sistema marítimo global.
El marco normativo se sustenta en el Decreto 1086 de 2025, el cual introduce un enfoque preventivo basado en la corresponsabilidad entre el sector público y privado. El Almirante Hermann León, director de la Dimar, explicó que ahora las empresas portuarias asumen la tarea directa de controlar el crimen dentro de sus organizaciones. Bajo este modelo, el Estado deja de ser el único encargado de poner guardias, pasando a un esquema donde las compañías deben certificar que sus procesos están blindados contra la infiltración de economías ilícitas.
Esta reforma es producto de un trabajo interinstitucional que involucró a la Armada de Colombia, la DIAN, la POLFA y la UIAF. La coordinación busca atacar no solo el tráfico de estupefacientes, que representa entre el 70 % y 80 % de las exportaciones ilegales por vía marítima, sino también el tráfico de especies, la trata de personas y el lavado de activos. Al integrar el análisis financiero con el control operativo, las autoridades pretenden anticiparse a las estructuras criminales antes de que la mercancía llegue a los muelles.
Colombia goza de una posición geoestratégica privilegiada que, si bien es una ventaja competitiva, también la convierte en un blanco para el tráfico internacional de armas y mercancías. El nuevo sistema de seguridad pretende reducir drásticamente los riesgos de contaminación de carga, un problema que afecta la reputación de los exportadores nacionales. La implementación de tecnologías de punta y el intercambio de información en tiempo real con agencias internacionales serán pilares fundamentales para ejercer una autoridad efectiva en las aguas jurisdiccionales.
El Contralmirante León Rincón destacó que este modelo de seguridad es único en el mundo y pone a Colombia a la vanguardia de la protección portuaria. La estrategia no se limita a la vigilancia estática, sino que promueve una cultura de legalidad donde el gremio marítimo se convierte en el primer anillo de defensa. Al exportar este modelo de gestión, el país busca atraer mayor inversión extranjera y mejorar la eficiencia de sus procesos logísticos, reduciendo los tiempos de inspección gracias a la confianza en los protocolos de las empresas.
El Ministerio de Defensa reiteró que los espacios marítimos deben ser territorios de desarrollo sostenible y soberanía irrestricta. La ofensiva contra el crimen organizado se fortalecerá con el respaldo militar en las zonas de fondeo y los canales de acceso, asegurando que ningún rincón de la costa quede desatendido. Este esfuerzo conjunto busca que el 2026 sea el año en que se recupere el control real sobre los puertos, cerrando definitivamente las puertas a la ilegalidad que ha intentado frenar el progreso del pacífico y el caribe.
Finalmente, el jefe de la Defensa puntualizó que la inteligencia y la cooperación internacional serán los instrumentos para anticiparse a las nuevas modalidades delictivas. La seguridad marítima se entiende ahora como un componente esencial de la competitividad nacional. Con el Sistema Nacional de Seguridad y Protección Marítima en marcha, el país da un paso firme hacia la legalidad, garantizando que cada tonelada exportada cumpla con los más altos estándares de transparencia y protección frente a las amenazas globales que desafían la autoridad del Estado.
