Desde la ciudad de Pereira, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró este 7 de abril de 2026 la decisión de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador revocó la libertad de 16 señalados delincuentes que pretendían actuar como gestores de paz sin cumplir los requisitos legales. López calificó este movimiento como un avance necesario para frenar decisiones arbitrarias y enfatizó la importancia de separar los compromisos políticos de la aplicación estricta de la ley.
La líder política argumentó que estos individuos representan una alta peligrosidad para la sociedad y que las investigaciones confirman su falta de voluntad real de paz. Según la exmandataria, permitir que delincuentes verificados salgan de prisión bajo figuras políticas sin sustento jurídico solo fomenta la impunidad en el territorio nacional. Por ello, respaldó el uso de las facultades legales de la Fiscal General para echar atrás las 16 revocatorias de libertad que generaban una honda preocupación ciudadana.
Como solución estructural a la crisis de seguridad y justicia, López propuso la creación inmediata de una Fiscalía antimafia de carácter especializado. Esta nueva unidad tendría el objetivo de perseguir las finanzas criminales y desmantelar las estructuras de mando de las organizaciones delictivas más complejas del país. Para la exalcaldesa, la justicia debe evolucionar hacia modelos de persecución penal más agresivos que no se limiten únicamente a la captura de los mandos medios o sicarios.
Asimismo, la propuesta incluye la implementación de un sistema de sometimiento a la justicia en cárceles especializadas de máxima seguridad. López sugirió tomar como modelo de referencia la Cárcel Distrital de Bogotá, destacada por sus niveles de orden, disciplina y ausencia de redes de extorsión interna. El plan busca eliminar de raíz la corrupción penitenciaria, asegurando que los centros de reclusión dejen de ser oficinas desde donde se coordinan delitos contra la población civil afuera.
La exmandataria enfatizó que cualquier proceso de paz o sometimiento debe tener condiciones innegociables para los grupos criminales que decidan entregarse. Entre estas exigencias se encuentran la devolución total del dinero producto del narcotráfico y la entrega verificada de todas las armas de fuego. Según su visión política, sin estos componentes de reparación y desarme, cualquier intento de diálogo carece de legitimidad y efectividad para transformar la realidad de violencia que afecta hoy.
El éxito de la política criminal, según López, radica en que quienes cometan delitos paguen sus penas de manera efectiva y sin beneficios injustificados. La líder resaltó que la ciudadanía exige una justicia que proteja a las víctimas y no a los victimarios mediante interpretaciones laxas de la ley. Este pronunciamiento en Pereira marca una línea clara en su discurso de seguridad frente a las políticas de diálogo que adelanta actualmente la administración nacional.
Durante su intervención, la exalcaldesa reiteró que la autonomía de la Rama Judicial es el principal baluarte contra la delincuencia organizada en Colombia. La vigilancia sobre los requisitos de los gestores de paz debe ser rigurosa y técnica, evitando que delincuentes peligrosísimos recuperen su libertad para seguir delinquiendo. López confía en que la Fiscalía General mantenga esta postura de firmeza legal para recuperar la confianza de los colombianos en las instituciones de control y justicia.
Claudia López es una política y politóloga colombiana que se desempeñó como alcaldesa mayor de Bogotá entre los años 2020 y 2023, siendo la primera mujer elegida por voto popular para ese cargo. Con una amplia trayectoria como senadora y analista, ha centrado su carrera en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la cultura ciudadana. Actualmente, se proyecta como una de las figuras más influyentes de la oposición, promoviendo reformas profundas en el sistema penitenciario.
