Bogotá realizó por primera vez en el país una subasta anticipada de Certificados de Derechos de Construcción, logrando movilizar recursos por $41.987 millones destinados a la protección de suelo ambiental estratégico. La operación, liderada por la Alcaldía Mayor a través de las secretarías de Ambiente, Hábitat y Planeación junto con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), marca un hito en la planificación urbana del país al conectar directamente el desarrollo inmobiliario con la conservación de ecosistemas claves para la ciudad.
Los recursos obtenidos serán destinados a la adquisición de predios en la Reserva Thomas van der Hammen, su restauración y la protección de un ecosistema fundamental para el agua, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Adriana Soto, secretaria de Ambiente, destacó la importancia del mecanismo: “La Alcaldía pone en marcha, por primera vez en el país, un instrumento que conecta la conservación ambiental con el desarrollo urbano. Estos ingresos nos permiten adquirir predios de alta importancia ambiental para proteger el agua y fortalecer la conectividad ecológica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá”, afirmó la funcionaria.
La subasta se sustentó en un estudio técnico elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación y RenoBo. Con base en ese análisis, el 20 de abril la Secretaría Distrital de Ambiente emitió 287.517 certificados. En total, 5 empresas del sector inmobiliario participaron en el proceso y adquirieron 204.815 certificados a un precio de corte de $205.000 por unidad. Esta primera subasta representó el 3,38% del potencial total de certificados a emitir en la ciudad, estimado en más de 6 millones, lo que evidencia el enorme alcance futuro del instrumento.
Las 5 empresas participantes fueron Inversiones y Construcciones INCOL S.A.S., Coandes S.A.S., Marval S.A.S., Construcciones Buen Vivir S.A.S. y Constructora Las Galias S.A.S. Su participación activa en la subasta demuestra el interés del sector privado en un mecanismo que les permite desarrollar proyectos en zonas estratégicas de la ciudad a cambio de contribuir directamente a la financiación de la conservación ambiental. Este modelo crea un círculo virtuoso en el que el crecimiento urbano y la protección ecológica dejan de ser objetivos contradictorios para convertirse en procesos complementarios.
El mecanismo de Transferencia de Derechos de Construcción y Desarrollo, regulado por el Plan de Ordenamiento Territorial, permite que quienes desarrollen proyectos de vivienda en áreas de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos adquieran estos certificados. Con el Decreto Distrital 564 de 2025, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán fortaleció la modalidad de emisión anticipada para agilizar los beneficios del instrumento. El Distrito emite los certificados, los desarrolladores los compran y, con esos recursos, la ciudad invierte en la conservación de ecosistemas prioritarios dentro de su Estructura Ecológica Principal.
Además de su impacto ambiental, la operación habilita 25,09 hectáreas en zonas centrales estratégicas como la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo) para el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda. Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat, señaló que si todos los certificados fueran utilizados para vivienda de interés social, podrían desarrollarse hasta 14.630 unidades. Este componente habitacional refuerza el carácter integral del mecanismo, que no solo protege el ambiente sino que también facilita el acceso a vivienda mejor ubicada para hogares que hoy residen en sectores periféricos de la ciudad.
Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, subrayó que este esquema busca conciliar 2 asuntos que suelen verse como opuestos: la conservación ambiental y el desarrollo urbano. La apuesta es que los certificados se conviertan en un instrumento de planificación que articule sostenibilidad, gestión del suelo y viabilidad económica. Ursula Ablanque, secretaria de Planeación, destacó que con este mecanismo Bogotá avanza en saldar la deuda histórica de proteger los suelos de su Estructura Ecológica Principal, reduciendo simultáneamente los desequilibrios territoriales acumulados durante décadas de crecimiento urbano desordenado.
La primera subasta de Certificados de Derechos de Construcción posiciona a Bogotá como referente nacional en herramientas avanzadas de planificación urbana. El modelo demuestra que es posible financiar la conservación ambiental sin depender exclusivamente del presupuesto público, involucrando al sector privado como actor corresponsable de la sostenibilidad de la ciudad. Con un potencial de más de 6 millones de certificados por emitir, el impacto acumulado de este instrumento en los próximos años podría transformar de manera significativa tanto la Estructura Ecológica Principal como el acceso a vivienda digna en la capital colombiana.
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