La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto para la Economía Social (IPES), inició la implementación del Decreto 117 de 2026 con una estrategia orientada a formalizar a los vendedores informales de la ciudad. Con corte a 2025, Bogotá ha caracterizado más de 19.000 vendedores informales, de los cuales el 55% se encuentra en condición de vulnerabilidad. Esta cifra evidencia la necesidad de intervenciones integrales que combinen oportunidades sociales y económicas para una población que trabaja en condiciones de alta precariedad en el espacio público capitalino.
La estrategia central se denomina Ruta IN, un modelo con enfoque diferencial y de género diseñado para que vendedores y vendedoras informales transiten de manera sostenible hacia la formalidad. La ruta prioriza mujeres, personas en condición de vulnerabilidad y adultos mayores, y contempla componentes de formación, bienestar integral, fortalecimiento de relaciones familiares y comunitarias, prevención de la violencia y consolidación de oportunidades económicas. Su implementación parte del diálogo con las comunidades y la adaptación de la oferta institucional a cada caso particular.
“En el IPES, la economía social tiene rostro, por eso realizamos un abordaje psicosocial para orientar a profundidad los proyectos de vendedores y vendedoras informales y los invitamos a hacer parte de la ruta de atención integral. Se trata de brindar herramientas y potenciar proyectos de vida”, afirmó Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social. Sus palabras enmarcan una visión institucional que va más allá de la reubicación física y apunta a una transformación sostenida de las condiciones de vida de esta población.
Entre las alternativas formales disponibles, la Alcaldía ofrece acceso a 31 puntos comerciales, 18 Plazas Distritales de Mercado, mobiliario semiestacionario y quioscos que permiten avanzar en procesos de reubicación ordenada. Estas opciones buscan garantizar que los vendedores cuenten con espacios seguros y legales para continuar su actividad económica sin las vulnerabilidades asociadas a la venta callejera. La oferta de infraestructura comercial es uno de los pilares concretos sobre los que descansa la promesa de formalización que plantea el Decreto 117 de 2026.
En materia educativa y de formación, los resultados ya son visibles. Más de 500 personas han accedido al programa de bachillerato flexible, mientras que más de 1.000 vendedores han participado en procesos de formación y fortalecimiento de capacidades productivas. El IPES también trabaja en articulación con el SENA y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento, facilitando así el tránsito hacia esquemas de trabajo más estables, protegidos y con mayores posibilidades de crecimiento económico sostenido.
Para implementar el decreto, el IPES realizará jornadas de caracterización y sensibilización con vendedores informales en distintos puntos de la ciudad. Estas jornadas buscan conocer las necesidades específicas de cada vendedor y adaptar la oferta institucional a su realidad particular. La metodología parte del reconocimiento de que la informalidad no es una condición homogénea, sino el resultado de trayectorias de vida diversas que requieren respuestas diferenciadas, flexibles y construidas desde el territorio con la participación activa de los propios afectados.
Carmen, de 57 años, es uno de los rostros que dan sentido humano a esta política pública. Dejó atrás más de cuatro décadas en la venta informal para iniciar una nueva etapa desde su hogar en Kennedy, donde hoy trabaja junto a sus hijas en un emprendimiento de confección y está a punto de culminar su bachillerato gracias al programa de educación flexible del IPES. Su historia condensa el tránsito posible de la informalidad a oportunidades más estables, demostrando que el acceso a herramientas institucionales puede transformar proyectos de vida sin importar la edad ni los años transcurridos.
La puesta en marcha de la Ruta IN y el Decreto 117 de 2026 representan una apuesta de la Administración Distrital por ordenar el espacio público sin desconocer la realidad social de quienes lo habitan como medio de subsistencia. El reto es que las más de 10.000 personas en condición de vulnerabilidad identificadas encuentren en esta ruta una salida real y no otro trámite institucional que se diluye en el papel. La historia de Carmen sugiere que, cuando la política pública llega con acompañamiento genuino, los resultados pueden transformar vidas desde adentro.
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