La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Yamil Fernando Rodríguez Rivera, señalado como el presunto responsable del abuso sexual y posterior asesinato de una niña de 11 años en zona rural de Carmen del Darién, Chocó. Los hechos, que han generado profunda indignación en la región, ocurrieron el 2 de agosto de 2024, cuando la menor se desplazaba hacia su centro educativo. Tras la recolección de contundentes elementos materiales probatorios, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el investigado este 11 de abril de 2026.
La reconstrucción de los hechos indica que la víctima salió de su hogar en la mañana con destino al colegio; sin embargo, nunca llegó a las aulas. Al percatarse de su ausencia, los directivos de la institución contactaron a la familia, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda por parte de la comunidad y las autoridades locales. Durante las labores de localización, el hallazgo inicial de un accesorio para el cabello en el camino habitual de la menor dio las primeras pistas sobre el lugar donde habría sido interceptada por su agresor.
Lamentablemente, el cuerpo de la niña fue encontrado posteriormente en una zona boscosa del municipio, envuelto en un toldillo. De acuerdo con el informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cadáver presentaba múltiples heridas causadas con arma cortopunzante en el tórax, la espalda y las extremidades. Asimismo, los peritos forenses confirmaron que la menor fue víctima de abuso sexual y sometimiento físico antes de ser asesinada, lo que evidencia la sevicia con la que actuó el atacante.
Las labores de policía judicial fueron determinantes para vincular a Rodríguez Rivera con el crimen. Los investigadores hallaron en la escena un poncho y otros elementos personales que, según testimonios de varios habitantes del municipio, pertenecían al hoy procesado. Las declaraciones de los vecinos, quienes aseguraron haber visto al hombre portando dichas prendas poco antes del suceso, junto con el análisis técnico del lugar del hallazgo, permitieron a la Fiscalía estructurar una imputación sólida contra el sujeto como autor material de los hechos.
Ante la gravedad de lo sucedido, un fiscal de la Seccional Chocó imputó a Yamil Fernando Rodríguez los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado. Estas conductas, que contemplan las penas más altas del sistema penal colombiano cuando las víctimas son menores de edad, reflejan la prioridad del ente acusador por castigar con rigor la violencia de género y los delitos contra la infancia. El procesado, a pesar de las evidencias biológicas y testimoniales en su contra, decidió no aceptar los cargos durante la audiencia.
La decisión de la juez de enviar a Rodríguez Rivera a prisión de manera preventiva busca garantizar que no haya riesgo de fuga ni obstrucción a la justicia en un caso que ha conmocionado al departamento del Chocó. Las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez han solicitado celeridad en las etapas siguientes del juicio para asegurar una condena ejemplar. Por su parte, la Fiscalía continúa con el recaudo de pruebas adicionales para fortalecer la teoría del caso de cara al inicio de la etapa de juzgamiento en los próximos meses.
El acompañamiento a la familia de la menor ha sido coordinado a través de las oficinas de atención a víctimas, brindando apoyo psicológico ante la tragedia. Este caso resalta la vulnerabilidad de los niños en zonas rurales dispersas y la necesidad de fortalecer los entornos seguros para el acceso a la educación. La captura del presunto feminicida envía un mensaje de cero tolerancia frente a las agresiones contra los menores de edad en el territorio nacional, especialmente en regiones donde la presencia del Estado debe ser más efectiva.
Finalmente, el aseguramiento del procesado este sábado permite avanzar en el camino hacia la verdad y la reparación para la comunidad de Carmen del Darién. La Fiscalía General de la Nación reiteró que la protección de la infancia es un eje transversal de su gestión, priorizando las investigaciones que involucran actos de violencia extrema contra mujeres y niños. Se espera que el proceso judicial avance sin dilaciones, permitiendo que se haga justicia por la vida de la niña cuya desaparición y muerte han marcado un doloroso precedente en la historia reciente del Chocó.
