La Fiscalía General de la Nación logró una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Gerardo Álvarez Peña, conocido con el alias de El Brujo. Este sujeto es señalado como presunto cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc y estaría directamente implicado en múltiples acciones violentas en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Durante las audiencias concentradas en Bogotá, este 11 de abril de 2026, una juez de control de garantías avaló las pruebas presentadas que vinculan al procesado con graves afectaciones contra personas en proceso de reincorporación.
La investigación técnica liderada por el ente acusador permitió establecer que Álvarez Peña habría organizado y liderado milicias urbanas entre los años 2020 y 2023. Estas estructuras ilegales tenían como propósito principal realizar labores de inteligencia para monitorear los movimientos de las unidades de la Fuerza Pública en la zona. Además, bajo el mando de alias El Brujo, estas milicias se encargaban de confrontar a otras organizaciones criminales que se disputan el control territorial y las rutas de economías ilícitas en el noreste del país.
Uno de los hechos más graves que se le atribuyen es la orden de atacar con armas de fuego al firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo. El atentado ocurrió el 23 de octubre de 2022 en el municipio de Tibú, cuando sujetos armados irrumpieron en la residencia de la víctima y le dispararon, causándole una herida de gravedad en el abdomen. Castro Carrillo tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia para salvar su vida, tras un ataque que habría sido motivado por su negativa a reintegrarse a las filas de las disidencias.
Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Álvarez Peña los delitos de concierto para delinquir y homicidio en grado de tentativa. Asimismo, se le formularon cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cabe resaltar que todas las conductas delictivas fueron imputadas bajo circunstancias de agravación, dada la condición de especial protección de la víctima y el rol de mando que ejercía el procesado dentro del grupo armado ilegal.
A pesar de las evidencias presentadas por la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos durante la audiencia. Sin embargo, la juez de control de garantías consideró que el sujeto representa un peligro inminente para la sociedad y para el proceso de paz, por lo cual determinó que debe permanecer recluido en un establecimiento penitenciario. Esta decisión judicial es vista como un avance significativo en el esclarecimiento de crímenes contra reincorporados, un sector que ha sido blanco de constantes agresiones por parte de grupos armados en el Catatumbo.
La captura y aseguramiento de alias El Brujo debilita la estructura de mando del Frente 33 en una zona estratégica para el narcotráfico y el orden público. Las autoridades continúan tras la pista de otros integrantes de esta red de milicias urbanas que estarían ejecutando desplazamientos forzados y extorsiones en el casco urbano de Tibú y municipios aledaños. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de los ciudadanos que abandonaron las armas de manera legal.
En lo corrido de 2026, el sistema judicial colombiano ha intensificado los procesos contra cabecillas de disidencias que operan en zonas de frontera. El seguimiento técnico a las comunicaciones y la colaboración de fuentes humanas han sido fundamentales para reconstruir el historial delictivo de Álvarez Peña durante los últimos tres años. Se espera que durante la etapa de juicio se presenten nuevos testimonios que fortalezcan la acusación por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su coordinación directa en el departamento de Norte de Santander.
Finalmente, el Estado colombiano reafirma que no habrá espacios de impunidad para quienes saboteen el proceso de reincorporación mediante la violencia. La medida de aseguramiento impuesta asegura que el procesado no pueda seguir influyendo en las acciones criminales de su estructura mientras se dicta una sentencia definitiva. La protección de los firmantes de paz sigue siendo un pilar fundamental de la política de seguridad y justicia, buscando garantizar que el ejercicio de la ciudadanía y la legalidad no se vean truncados por el accionar de grupos residuales.
