Un reciente informe regional reveló una brecha crítica en la gestión ambiental de América Latina: aunque el 90% de las políticas climáticas mencionan la igualdad de género, menos del 20% logra implementarla de manera efectiva. El reporte, titulado "Más allá del discurso", fue desarrollado por Latimpacto, la Fundación WWB Colombia y WWF Colombia en Bogotá. Los hallazgos evidencian que, a pesar de la narrativa institucional, las soluciones diseñadas para enfrentar el calentamiento global siguen ignorando las realidades diferenciadas que viven las mujeres en los territorios.
La crisis climática no impacta de forma neutral, ya que en las zonas rurales las mujeres asumen la carga principal del cuidado familiar y la gestión del agua. Soraya Husain Talero, directora de investigación de la Fundación WWB Colombia, enfatizó que abordar estas agendas por separado limita el impacto de las intervenciones y profundiza las desigualdades existentes. La desconexión entre el discurso político y la ejecución técnica impide que las comunidades más vulnerables accedan a recursos y herramientas de adaptación necesarias para su estabilidad económica.
El diseño de las soluciones climáticas actuales suele incluir el enfoque de género como un simple requisito formal o una "lista de chequeo". Según Beth Sua Carvajal, coordinadora de WWF Colombia, esta integración superficial no transforma las dinámicas de poder ni garantiza una incidencia real de las mujeres en la toma de decisiones. El informe advierte sobre el riesgo de prácticas cercanas al "gender-washing", donde se utiliza un lenguaje inclusivo para legitimar programas que, en la práctica, reproducen lógicas de exclusión tradicionales.
Existen barreras estructurales persistentes que frenan la implementación real, destacándose la falta de datos desagregados y la escasez de capacidades técnicas articuladas. Sin información precisa sobre los impactos diferenciados, las organizaciones no logran diseñar programas que respondan a las necesidades específicas de cada territorio. Además, la ausencia de financiamiento etiquetado desde la fase de planeación provoca que los componentes de género se diluyan durante la ejecución, convirtiéndose en variables secundarias frente a las metas ambientales estrictamente cuantitativas.
La complejidad de integrar género y clima exige entender las relaciones de poder locales e incorporar el conocimiento ancestral de las comunidades. Catalina Herrera, directora de conocimiento de Latimpacto, señaló que estas transformaciones estructurales requieren intencionalidad, recursos y tiempo. No se trata de un ejercicio automático, sino de un cambio de paradigma en la inversión de impacto. Las iniciativas que logran esta integración intencional demuestran ser más sostenibles y generan una mayor apropiación social de las soluciones tecnológicas implementadas.
El liderazgo institucional en la región hace un llamado urgente para garantizar que las mujeres dejen de ser vistas solo como víctimas de la crisis ambiental. Daniela Konietzko Calero, presidente de la Fundación WWB Colombia, afirmó que es imperativo asegurar el acceso de las mujeres a activos, capacidades y posiciones de liderazgo real. La participación femenina es estratégica en sectores clave de la transición energética, como la agricultura resiliente y las energías renovables, donde su rol puede acelerar significativamente los procesos de adaptación climática.
El informe propone avanzar hacia criterios mínimos de integración que sean medibles y verificables para orientar a los inversionistas y tomadores de decisión. Se busca que las soluciones climáticas dejen de ser evaluadas únicamente por su reducción de emisiones, incorporando indicadores de impacto social y equidad. Cerrar la brecha entre la declaración y la acción es una condición indispensable para que cualquier estrategia de mitigación sea efectiva a largo plazo en un continente marcado por profundas desigualdades socioambientales.
Finalmente, el documento concluye que el ecosistema de impacto debe transitar hacia una transparencia real que evite la distorsión en la medición de sus resultados. Seguir tratando el enfoque de género como un discurso decorativo solo perpetúa las fallas operativas que han caracterizado las últimas décadas de gestión ambiental. El reto para 2026 es convertir la intersección entre género y clima en el eje central de las políticas públicas, garantizando que el desarrollo sostenible sea inclusivo y responda a las realidades territoriales.
