Durante la LXI Asamblea Ordinaria de Camacol Cundinamarca, el alcalde Carlos Fernando Galán lanzó una dura crítica contra la ineficacia del sistema judicial en Colombia. El mandatario reveló que los responsables de los crímenes ocurridos esta semana en los barrios Barrancas y Boitá contaban con antecedentes y medidas vigentes que debieron impedir su libertad. Según Galán, estos casos demuestran una preocupante desconexión entre la captura de los delincuentes por parte de la Policía y la efectividad de las sanciones impuestas por los jueces.
El alcalde detalló que el sicario involucrado en el ataque en Usaquén gozaba de detención domiciliaria y, además, tenía una orden de captura vigente al momento de cometer el delito. Por otro lado, el responsable del homicidio de un ciudadano en la localidad de Kennedy presentaba múltiples anotaciones judiciales por otros crímenes. Para el mandatario local, estos hechos son el reflejo de un sistema que no está funcionando y que permite que individuos altamente peligrosos sigan delinquiendo en las calles capitalinas.
Galán reiteró que es urgente establecer sanciones efectivas que garanticen que quienes atentan contra la seguridad de los ciudadanos permanezcan bajo control estatal. Manifestó que la repetición de estas situaciones genera una sensación de impunidad que afecta directamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones. En su intervención, recalcó que no sirve de nada capturar a los criminales si el sistema los libera rápidamente o si no ejerce un control real sobre quienes cumplen penas en sus hogares.
La peligrosidad de los sujetos capturados recientemente evidencia, según el alcalde, que el problema no radica únicamente en la capacidad operativa de la Fuerza Pública, sino en la política criminal. "En prácticamente todos los casos, nos damos cuenta de que ya los habíamos capturado y el sistema los soltó", afirmó con preocupación. Esta "puerta giratoria" de la justicia es señalada como uno de los principales obstáculos para reducir los índices de criminalidad en puntos críticos de la ciudad este 2026.
El mandatario también llamó la atención sobre la falta de vigilancia en las medidas de casa por cárcel, pues muchos delincuentes aprovechan esta condición para coordinar nuevos ataques. Para la administración distrital, la seguridad de Bogotá depende de que la rama judicial asuma un compromiso más riguroso en la evaluación de la peligrosidad de los capturados. La reincidencia es el factor común en los delitos de alto impacto que han sacudido a localidades como Kennedy y Usaquén durante esta semana.
Ante los asistentes de la asamblea de Camacol, Galán extendió su reclamo al nivel nacional, asegurando que la política criminal del país requiere una transformación profunda. Considera que mientras no existan consecuencias reales y proporcionales para el delito, los esfuerzos locales por recuperar el orden serán insuficientes. La seguridad ciudadana se ha convertido en el eje central de la agenda del alcalde, quien busca articular con el Gobierno Nacional reformas que cierren los vacíos legales aprovechados por el hampa.
Como un gesto de presión política, el mandatario envió un mensaje directo a quienes aspiran a la presidencia de la República para el próximo periodo. Galán les exigió que presenten propuestas viables y reales sobre cómo cambiar la política criminal de manera que se garantice la tranquilidad de los colombianos. Para el alcalde, es imperativo que el debate electoral incluya soluciones concretas al problema de la impunidad y al manejo de los delincuentes recurrentes que hoy operan sin control.
Como cierre de su intervención, el alcalde de los bogotanos reafirmó que su administración no descansará en la persecución de las estructuras criminales a pesar de los obstáculos judiciales. Hizo un llamado a la rama jurisdiccional para trabajar de manera conjunta y evitar que la ciudad siga siendo escenario de crímenes cometidos por personas que deberían estar tras las rejas. La articulación institucional se presenta como la única salida para devolverle la paz a los barrios y garantizar que el sistema judicial sea un verdadero aliado de la seguridad.
Sección
Bogota
