El gobierno nacional puso en marcha en Uribia una inversión histórica para acelerar la implementación de comunidades energéticas en zonas rurales. Cerca del 35% de los recursos de 2025, equivalentes a $350.000 millones, fueron destinados a soluciones solares fotovoltaicas con almacenamiento en territorios históricamente excluidos del servicio eléctrico. La medida ya comienza a mostrar resultados concretos en hogares que acceden por primera vez a energía, marcando un avance significativo en el cierre de brechas de cobertura en uno de los departamentos con mayores desafíos de acceso energético del país.
Con estos recursos se desplegarán miles de soluciones individuales fotovoltaicas con almacenamiento, llevando energía a comunidades donde el servicio nunca había llegado. El modelo no se limita a garantizar acceso: también promueve que las familias participen activamente en la generación y gestión de la energía, transformándolas de simples usuarios en actores del sistema energético. Esta visión de las comunidades energéticas como espacios de participación ciudadana es uno de los elementos que diferencia esta apuesta de los esquemas tradicionales de cobertura eléctrica rural implementados en décadas anteriores.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue directo al describir el alcance de la inversión durante su visita a la zona rural de Uribia. “Cerca de $350 mil millones se convertirán en soluciones fotovoltaicas que transforman la vida de la gente. Esta es una demostración clara de la voluntad política de este Gobierno para llevar energía a los territorios que históricamente han estado excluidos”, señaló el funcionario. Sus palabras resumen el espíritu de una iniciativa que busca convertir la transición energética en una herramienta concreta de equidad territorial y desarrollo social en las regiones más rezagadas del país.
Palma amplió el mensaje con una declaración sobre el modelo que Colombia quiere demostrar al mundo. “Queremos demostrarle al país y al mundo que en La Guajira sí es posible desarrollar proyectos de generación y transmisión de energía junto a las comunidades, llevando soluciones reales que mejoran la calidad de vida en los territorios”, afirmó el ministro. Esta apuesta por La Guajira como vitrina de la transición energética justa tiene un peso simbólico y estratégico enorme, dado que el departamento concentra buena parte del potencial eólico y solar de Colombia y ha sido también escenario de tensiones históricas entre proyectos energéticos y comunidades locales.
La estrategia de comunidades energéticas se articula con los proyectos de energías limpias en curso en la región Caribe, consolidando un modelo donde la transición energética amplía el acceso y genera impactos directos en el desarrollo territorial. Este enfoque reconoce además el papel de la iniciativa privada en la implementación de soluciones, demostrando que la articulación entre el sector público y los operadores privados puede producir resultados tangibles en territorios donde el mercado por sí solo no ha logrado garantizar coberturas básicas del servicio eléctrico a lo largo de décadas de intentos fallidos.
La priorización de Uribia dentro de esta estrategia no es casual. El municipio es uno de los territorios con mayor déficit histórico de cobertura eléctrica en Colombia y al mismo tiempo uno de los que concentra mayor potencial para la generación de energía renovable. Llevar soluciones fotovoltaicas a sus comunidades rurales es tanto una deuda histórica del Estado colombiano como una demostración práctica de que la transición energética puede comenzar precisamente en los territorios que más lo necesitan, rompiendo la paradoja de un departamento rico en recursos energéticos pero pobre en acceso al servicio.
Los $350.000 millones destinados a comunidades energéticas representan el 35% del presupuesto nacional asignado a este componente en 2025, lo que evidencia la magnitud de la apuesta del gobierno por La Guajira dentro de su agenda de transición energética. Esta concentración de recursos en un solo departamento responde a un diagnóstico claro: las brechas acumuladas en el norte del país son tan profundas que requieren una intervención focalizada y sostenida, no dispersa en múltiples territorios con menores niveles de exclusión histórica en el acceso a servicios energéticos básicos.
La inversión en comunidades energéticas en La Guajira es una apuesta que va más allá de los paneles solares y los sistemas de almacenamiento. Es una declaración sobre el tipo de transición energética que Colombia quiere construir: una que no deje a nadie atrás, que convierta a las comunidades en protagonistas y que demuestre que el desarrollo de proyectos de energía limpia y el bienestar de los territorios no son objetivos contradictorios. El éxito de esta iniciativa en Uribia podría convertirse en el modelo que guíe la expansión de las comunidades energéticas hacia otros territorios excluidos a lo largo y ancho del país.
