La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra la empresa Farmatodo por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor. La actuación fue abierta por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tras analizar quejas de usuarios y adelantar verificaciones sobre posibles inconsistencias entre los precios anunciados al público y los valores finalmente cobrados, así como eventuales restricciones indebidas al derecho de retracto.
La investigación se originó luego de revisar diversas reclamaciones presentadas por consumidores y realizar actuaciones de oficio que incluyeron el análisis del contenido del portal web de la compañía. Según la entidad, estas verificaciones permitieron identificar posibles irregularidades en la forma como se informan los precios de algunos productos y en la manera en que se gestionan determinados procesos de pago.
Durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025 se registraron cerca de 1.300 peticiones, quejas y reclamos relacionados con esta empresa. Entre los reportes de los consumidores se encuentran situaciones como dobles cobros, pagos duplicados y cobros no identificados en las transacciones realizadas a través de los canales de venta de la compañía.
A partir de estos hallazgos, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor formuló pliego de cargos contra Farmatodo por varios comportamientos que podrían constituir infracciones al Estatuto del Consumidor. La investigación busca establecer si la empresa incumplió obligaciones relacionadas con la garantía de servicios idóneos y la protección de los derechos de los usuarios.
Uno de los puntos analizados corresponde a posibles fallas en la calidad del servicio de pago, que habrían generado cobros múltiples por una misma transacción. De comprobarse esta situación, se configuraría una vulneración al deber de garantizar a los consumidores servicios eficientes, seguros y adecuados en las operaciones comerciales.
La SIC también investiga el presunto cobro de precios superiores a los informados al público en algunos productos. Este tipo de conducta, en caso de confirmarse, podría constituir una infracción a la obligación legal de respetar el precio anunciado al consumidor, principio fundamental dentro de la normativa de protección al consumidor en Colombia.
Otro aspecto que analiza la autoridad es un posible condicionamiento indebido del derecho de retracto. Según la investigación, la empresa habría exigido a los consumidores la presentación de la factura de compra como requisito para ejercer este derecho, lo que podría implicar la imposición de cargas adicionales no contempladas en la legislación vigente.
Con la apertura de esta actuación administrativa se inicia formalmente el proceso investigativo, en el cual Farmatodo tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. La compañía podrá presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes mientras la Superintendencia adelanta las diligencias necesarias para determinar si existieron o no infracciones al Estatuto del Consumidor.
