La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al agente especial interventor de Asmet Salud EPS, Lain Eduardo López Martínez, en medio de cuestionamientos por el presunto deterioro en la prestación de los servicios de salud. La decisión se adopta en un contexto crítico para la entidad, que atiende a 1.585.721 afiliados, de los cuales el 96 % pertenece al régimen subsidiado.
De manera paralela, el organismo de control abrió investigación disciplinaria contra cinco exagentes interventores que han pasado por la entidad desde 2023: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar. La medida busca establecer responsabilidades en la gestión acumulada durante el periodo de intervención.
La Delegada para la Vigilancia Administrativa centra su análisis en posibles incumplimientos de funciones por parte de los investigados. Entre los elementos bajo revisión se encuentran el incremento de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), así como el aumento de acciones de tutela e incidentes de desacato, indicadores que evidenciarían fallas estructurales en la atención a los usuarios.
El proceso también indaga por un presunto deterioro financiero de la EPS. Según la Procuraduría, se habrían presentado aumentos en la siniestralidad, posibles irregularidades en la contratación y un crecimiento de los pasivos, junto con una eventual disminución del patrimonio y de los activos de la entidad, lo que comprometería su estabilidad y capacidad de operación.
A estos factores se suma la evaluación de las condiciones tecnocientíficas y administrativas de la EPS, que, según el ente de control, podrían haber sufrido un deterioro progresivo. Este panorama, de confirmarse, evidenciaría no solo problemas financieros, sino también una afectación directa en la calidad y oportunidad de los servicios prestados a los afiliados.
La decisión de la Procuraduría se fundamenta en visitas preventivas realizadas durante la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. En estas inspecciones se habría evidenciado que las acciones adoptadas no lograron mejorar el acceso a los servicios, y, por el contrario, se habría configurado una atención precaria e ineficiente.
La suspensión provisional busca evitar posibles interferencias en la investigación y garantizar el desarrollo transparente del proceso disciplinario. Paralelamente, se ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si existieron conductas que comprometan la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
El caso de Asmet Salud EPS se convierte en un nuevo foco de atención sobre la gestión de las entidades intervenidas en el país. Mientras avanza la investigación, la prioridad de las autoridades será garantizar la continuidad del servicio para más de 1,5 millones de usuarios que dependen de esta EPS, en su mayoría población vulnerable del régimen subsidiado.
