La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Ana María Castaño Álvarez, exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas irregularidades en un proceso contractual relacionado con la adquisición de elementos de identificación para colaboradores de la entidad. La investigación corresponde al periodo en el que la funcionaria ejerció el cargo entre 2023 y 2024.
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación se originó por posibles sobrecostos en un contrato celebrado durante 2023. En este proceso se habría autorizado el pago de más de 2.000 millones de pesos para el suministro de elementos de identificación destinados al personal vinculado con la entidad.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal indicó que, en su calidad de secretaria general, Castaño Álvarez también actuaba como ordenadora del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), lo que implicaba responsabilidades directas en la supervisión y aprobación de procesos contractuales.
Según el ente de control, la exfuncionaria habría participado en la etapa precontractual del proceso de selección, suscribiendo documentos clave como los estudios previos, el análisis del sector y el acto administrativo mediante el cual se adjudicó el contrato.
La Procuraduría señaló que estas actuaciones podrían comprometer su responsabilidad disciplinaria, debido a un posible desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal. Este principio establece que los funcionarios deben garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, transparente y conforme a las condiciones del mercado.
De acuerdo con el análisis realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, el valor de los bienes contratados habría presentado precios superiores a los del mercado. Este hallazgo fue sustentado en un dictamen pericial elaborado durante la etapa investigativa del proceso disciplinario.
Con base en estos elementos, el organismo de control consideró que la conducta investigada podría constituir una falta disciplinaria gravísima. De manera provisional, la Procuraduría calificó la presunta irregularidad como cometida a título de culpa gravísima.
El proceso disciplinario continuará su curso conforme a los procedimientos establecidos en la ley. Durante esta etapa, la exfuncionaria tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas o argumentos que considere pertinentes dentro de la investigación adelantada por el Ministerio Público.
