El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de organización territorial que permita superar el centralismo y fortalecer la autonomía de las regiones. La propuesta fue presentada durante el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en Cartagena, donde el jefe del Ministerio Público expuso su visión de un “Estado regional disruptivo” orientado a atender de manera más eficiente las necesidades de los territorios.
Durante su intervención ante cientos de alcaldes de todo el país, Eljach sostuvo que el modelo centralista ha agotado su ciclo y mantiene una deuda histórica con las provincias. En ese sentido, señaló que las regiones no deberían tener que solicitar autorización constante desde el nivel central para impulsar su desarrollo y responder a las necesidades de sus comunidades.
El procurador afirmó que la Constitución de 1991 no logró resolver plenamente las desigualdades territoriales. Según explicó, aunque la carta política abrió espacios de descentralización, se quedó corta en la interpretación de las necesidades de las regiones y en la definición de mecanismos efectivos que permitan reducir las brechas entre los territorios y el centro del país.
En su intervención también cuestionó lo que denominó el modelo de “aldeas aisladas”, al considerar que limita el desarrollo de los municipios. Frente a esta situación, propuso fortalecer las áreas metropolitanas y avanzar hacia la consolidación de estructuras de Ciudad-Región que permitan integrar territorios y generar dinámicas económicas de mayor escala.
Eljach sostuvo que las ciudades y sus áreas de influencia deben pensarse como plataformas capaces de competir en el escenario internacional. Para ello, planteó la necesidad de adoptar modelos de organización territorial similares a los que han demostrado éxito en Europa, Asia y Norteamérica, donde las ciudades-región funcionan como motores de desarrollo económico y social.
El procurador explicó que este proceso de metropolización requiere cambios profundos en el ordenamiento jurídico del país. En su concepto, se necesita un marco normativo “disruptivo” que rompa con las estructuras burocráticas tradicionales y permita que las regiones cuenten con herramientas reales para impulsar proyectos de desarrollo y gestión territorial.
Otro de los puntos centrales de su intervención fue la necesidad de avanzar hacia una autonomía financiera efectiva para los territorios. En ese contexto, insistió en la importancia de reglamentar el Acto Legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), con el fin de garantizar mayores recursos para municipios y departamentos.
Finalmente, el procurador anunció que desde el Ministerio Público hará seguimiento al trámite de la ley que reglamente el SGP durante el primer semestre del año. Asimismo, invitó a los alcaldes del país a construir un frente común con el nuevo Congreso y el Gobierno para impulsar esta reforma, que considera fundamental para equilibrar la distribución de recursos y fortalecer el desarrollo regional.
