El presidente Gustavo Petro sancionará este 3 de marzo en Popayán la ley que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, modificando el modelo de financiación de las instituciones de educación superior públicas. El acto se realizará en el Centro Deportivo Universitario El Tulcán de la Universidad del Cauca.
Con esta decisión, el Gobierno introduce un cambio estructural en la forma como se asignan los recursos a universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas. La reforma busca superar las limitaciones que durante más de tres décadas afectaron la sostenibilidad financiera del sistema.
Hasta ahora, la Ley 30 establecía que el presupuesto de las universidades creciera con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el IPC no refleja los costos reales de la educación superior, como salarios docentes, investigación, mantenimiento de laboratorios o inversión tecnológica.
Esa brecha acumulada generó necesidades sin cubrir en las instituciones, pese al aumento de matrícula y demanda académica. La nueva ley reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), ajustando el crecimiento presupuestal a las dinámicas reales del sector.
La reforma también contempla recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales y avanzar en formalización laboral. Además, incorpora el crecimiento progresivo de la inversión en educación superior pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
La meta de largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al 1 % del PIB en educación superior pública, acercando al país a estándares regionales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable sobre la viabilidad financiera de la iniciativa.
El Gobierno señaló que esta reforma da cumplimiento al parágrafo del artículo 122 del Plan Nacional de Desarrollo y responde a un proceso de diálogo con estudiantes, docentes, rectores y actores del sistema educativo.
Con la sanción presidencial, Colombia no solo modifica una fórmula presupuestal. El Ejecutivo sostiene que se trata de un paso estructural para fortalecer la sostenibilidad y capacidad instalada de las universidades públicas, orientando el sistema hacia un modelo de financiamiento basado en la oferta y el largo plazo.
