El presidente Gustavo Petro promulgó en Popayán la reforma financiera a la Ley 30 de 1992, una modificación estructural que cambia el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia. La nueva normativa busca corregir un esquema presupuestal que durante más de tres décadas fue cuestionado por universidades, estudiantes y rectores por no responder a las necesidades reales del sistema.
Desde la expedición de la Ley 30 en 1992, los recursos para las universidades públicas crecían anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador reflejaba el aumento del costo de vida, pero no el crecimiento real de los gastos asociados a la educación superior, como investigación, infraestructura, laboratorios o contratación docente.
La nueva legislación reemplaza ese mecanismo por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador diseñado para reflejar de manera más precisa los costos propios del funcionamiento universitario. Con este cambio se busca que el presupuesto de las instituciones públicas crezca de manera acorde con las necesidades del sistema educativo.
Además de modificar la fórmula de financiación, la reforma establece la asignación progresiva de recursos adicionales para ampliar la cobertura, fortalecer la formalización laboral en las universidades y mejorar la infraestructura académica. El objetivo es que la inversión en educación superior alcance gradualmente el equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto.
Durante el acto de promulgación, el presidente Petro destacó el papel de la educación pública como base para el desarrollo social y la construcción de paz en el país. Según señaló, fortalecer las universidades públicas es una condición fundamental para garantizar oportunidades educativas y avanzar hacia una sociedad más equitativa.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó que la reforma responde a una demanda histórica del movimiento estudiantil y de las instituciones públicas. Según explicó, la iniciativa busca garantizar estabilidad financiera para las universidades y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.
En los últimos años, el Gobierno también ha impulsado programas para ampliar la cobertura educativa en regiones históricamente excluidas. Entre ellos se encuentra el programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior y la iniciativa Educación Superior en Tu Colegio, que permite a estudiantes iniciar programas técnicos o tecnológicos desde instituciones educativas en diferentes municipios.
La política de gratuidad también ha sido fortalecida. Entre 2023 y 2025 se destinaron cerca de 6,8 billones de pesos para financiar matrículas en instituciones públicas, aumentando el número de beneficiarios de 690.000 a 930.000 estudiantes y garantizando la gratuidad para el 97 % de los alumnos de pregrado en universidades estatales.
Con la promulgación de la Ley 2568 de 2026, que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30, Colombia adopta un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior pública. La medida busca fortalecer la sostenibilidad del sistema universitario y ampliar las oportunidades de acceso para las nuevas generaciones en todo el país.
