El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que la Fuerza Pública mantendrá acciones contra la extracción ilícita de minerales en el país, especialmente en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario señaló que el desarrollo minero es posible, pero únicamente dentro del marco de la legalidad y sin afectar el ambiente ni los derechos de las comunidades.
En su pronunciamiento, el ministro afirmó que “la legalidad se protege y la ilegalidad se combate”, subrayando que la riqueza minera del Bajo Cauca puede aprovecharse siempre que las actividades se realicen conforme a la ley y con respeto por los recursos naturales, las fuentes hídricas y los territorios donde habitan comunidades locales.
El jefe de la cartera de Defensa advirtió que la extracción ilegal de minerales constituye un delito ambiental grave que suele estar asociado a otras actividades ilícitas. Según indicó, este tipo de prácticas no solo afecta los ecosistemas, sino que también genera dinámicas de violencia que vulneran derechos y libertades en los territorios donde se desarrolla.
De acuerdo con el ministro, quienes ejercen actividades mineras dentro del marco legal o avanzan en procesos de formalización cuentan con el respaldo de la institucionalidad. En ese sentido, aseguró que el Estado mantiene mecanismos y procedimientos destinados a acompañar a quienes buscan desarrollar su actividad económica conforme a la normativa vigente.
Sánchez también señaló que las operaciones de la Fuerza Pública estarán dirigidas exclusivamente contra estructuras y personas vinculadas con la explotación ilícita de minerales. Estas acciones buscan frenar prácticas que, según explicó, deterioran el territorio, afectan el ambiente y generan impactos negativos sobre comunidades locales.
Entre los sectores perjudicados por estas actividades ilegales, el ministro mencionó a pescadores y trabajadores que dependen de los ecosistemas fluviales. La minería ilegal, sostuvo, altera las condiciones ambientales y termina afectando el derecho al trabajo de quienes desarrollan actividades productivas legítimas.
El funcionario también advirtió que la omisión frente a este delito o los llamados a suspender las acciones de control por parte de las autoridades equivaldrían a permitir que continúe una actividad ilegal con efectos ambientales y sociales significativos en la región.
Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para no involucrarse en la explotación ilícita de minerales. Recordó que quienes participen en estas actividades se exponen a procesos judiciales y a la incautación o destrucción de la maquinaria utilizada por parte de las autoridades competentes.
