El Ministerio de Minas y Energía inició actuaciones administrativas contra algunos importadores de etanol por presuntos incumplimientos en el reporte de información ambiental y comercial. La decisión, anunciada el 2 de marzo de 2026 en Bogotá, pone bajo revisión el cumplimiento de obligaciones relacionadas con los volúmenes importados y comercializados, así como la Declaración de Gases de Efecto Invernadero y sus esquemas de certificación.
Según la cartera, los agentes señalados habrían incumplido de manera reiterada la obligación de reportar información completa y oportuna. Estos datos son considerados esenciales para la planeación del abastecimiento nacional de combustibles y para la verificación de parámetros ambientales. También permiten hacer seguimiento a las emisiones asociadas a los biocombustibles que se distribuyen en el mercado colombiano y garantizar competencia transparente.
Las obligaciones están establecidas en la Resolución 31330, la Resolución 40983 y el Decreto 1073 de 2015, que regulan el funcionamiento del servicio público de distribución de combustibles líquidos y biocombustibles en Colombia. El Ministerio recordó que el cumplimiento de estas normas es un deber legal para todos los actores del sector energético, sin excepción alguna en el territorio nacional.
La información reportada por los importadores constituye un insumo clave para garantizar la adecuada planeación del abastecimiento, verificar el cumplimiento de criterios ambientales y de sostenibilidad, y hacer seguimiento a las emisiones que contribuyen al cambio climático. Además, permite cumplir compromisos internacionales de Colombia en materia de mitigación y consolidar una transición energética con bases técnicas y regulatorias sólidas.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el cumplimiento de estas obligaciones no es discrecional. Señaló que se trata de un deber legal que protege el medio ambiente, garantiza la transparencia del mercado y fortalece la capacidad institucional para realizar seguimiento real a las emisiones asociadas a los combustibles comercializados en el país.
El jefe de la cartera advirtió que no se permitirá que la falta de información o el incumplimiento normativo afecten la trazabilidad del producto ni el avance en las metas nacionales de mitigación. Indicó que la transición energética implica rigor, control institucional y reglas claras para todos los actores que participan en la cadena de importación y comercialización de biocombustibles.
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1073 de 2015, el incumplimiento de las normas sobre el funcionamiento del servicio público de combustibles puede dar lugar a sanciones. Entre ellas se contemplan multas económicas sucesivas, suspensión temporal de actividades, cancelación de autorizaciones, bloqueo del código SICOM y decomiso administrativo permanente, según la gravedad de la conducta.
Con estas actuaciones, el Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo en el sector. La entidad aseguró que continuará ejerciendo control sobre los agentes del mercado para garantizar transparencia, trazabilidad del etanol importado y el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el país.
