La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Pedro Cristian Goyes Arteaga, presunto integrante de la estructura Franco Benavides. El procesado es señalado por su participación en el secuestro y posterior homicidio del personero de Cumbitara, Jimmy Rosero Chávez. Los hechos investigados ocurrieron en el departamento de Nariño, donde las disidencias de las Farc mantienen una fuerte presencia delictiva. Esta captura representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en ataques dirigidos hacia los representantes del Ministerio Público.
Los hechos se remontan al 5 de noviembre de 2024, en la vereda Las Piedras del corregimiento de Sidón. En ese momento, el personero Rosero Chávez se encontraba reunido con habitantes desplazados por las confrontaciones armadas entre grupos ilegales de la región. De manera violenta, hombres armados ingresaron al inmueble, intimidaron al funcionario frente a la comunidad y se lo llevaron por la fuerza en un vehículo. La retención ilegal generó una alerta inmediata entre las autoridades locales, quienes iniciaron las labores de búsqueda en el sector.
Horas después del rapto, el cuerpo sin vida del personero fue hallado en el sector conocido como Puente Rojo, en el corregimiento El Ejido. El hallazgo confirmó el trágico desenlace del funcionario, quien dedicaba su labor a la protección de las poblaciones vulnerables en Cumbitara. La noticia del homicidio causó consternación nacional, dado que el ataque fue dirigido contra un servidor público encargado de velar por los derechos humanos en una de las zonas más complejas del suroccidente del país durante los últimos años.
Mientras servidores del CTI realizaban la inspección técnica al cadáver del personero, la comitiva judicial fue víctima de una emboscada criminal. El equipo oficial, apoyado por unidades de la Sijin y el Ejército Nacional, fue atacado con artefactos explosivos y ráfagas de fusil de largo alcance. En medio de esta acción violenta, un soldado profesional resultó herido por los proyectiles disparados por la estructura de las disidencias de las Farc. Este ataque buscaba impedir las labores de investigación y recolección de pruebas en el lugar del crimen.
Las labores investigativas indican que Goyes Arteaga habría participado activamente tanto en el secuestro inicial como en el asesinato del funcionario municipal y la posterior emboscada. Las pruebas técnicas y testimoniales recaudadas por la Unidad Especial de Investigación permitieron vincular al procesado con el frente Franco Benavides. La Fiscalía sostiene que el capturado desempeñaba funciones operativas dentro de esta organización ilegal, encargada de sembrar el terror entre los habitantes de Nariño y atacar de manera sistemática a los representantes de la justicia colombiana.
Por estos delitos, un fiscal imputó a Goyes Arteaga los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo. Adicionalmente, se le formularon cargos por violencia contra servidor público y el tráfico ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La acumulación de delitos demuestra la peligrosidad del implicado y su rol dentro de la estructura disidente que opera en el corregimiento de Sidón. A pesar de la contundencia de las pruebas, el procesado decidió no aceptar los cargos imputados.
El juez de control de garantías acogió la solicitud del ente acusador y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para el investigado en este marzo de 2026. La decisión se fundamentó en la necesidad de proteger a la comunidad y asegurar la comparecencia del sujeto ante las siguientes etapas del proceso penal. La fiscalía continuará recolectando evidencia para identificar a los demás autores materiales del ataque a la comitiva judicial y del asesinato del personero, cuya labor sigue siendo recordada por la población civil desplazada.
La judicialización de los responsables de ataques contra personeros es una prioridad para el Estado colombiano, buscando garantizar el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos. Este resultado operativo envía un mensaje de firmeza contra las estructuras ilegales que pretenden silenciar a las autoridades locales mediante el uso de las armas y la violencia explosiva. La justicia colombiana reafirma su compromiso de perseguir sin descanso a quienes atenten contra la vida de los servidores públicos que trabajan incansablemente por la paz en los territorios más apartados de la geografía nacional.
