El sector autopartista colombiano expresó su preocupación frente al impuesto al patrimonio establecido por el Gobierno Nacional mediante decreto en el marco de la emergencia económica decretada para atender los efectos de la ola invernal. El gremio advierte que esta medida podría tener impactos directos sobre la liquidez empresarial, la inversión productiva y la competitividad de una industria que enfrenta importantes retos de modernización y transición tecnológica.
De acuerdo con el decreto, el nuevo tributo busca recaudar cerca de $8,3 billones mediante un gravamen progresivo dirigido a personas jurídicas cuyo patrimonio al 1 de marzo de 2026 sea igual o superior a $10.475 millones, equivalentes a 200.000 UVT. Las tarifas del impuesto podrían alcanzar el 1,6%, dependiendo del nivel de patrimonio de las empresas sujetas a la obligación.
Según estimaciones oficiales, cerca de 15.000 empresas del país quedarían incluidas dentro del alcance de este impuesto. Para el sector autopartista, que mueve cerca de $21 billones al año y articula más de 65.000 establecimientos entre fabricantes, comercializadores y servicios especializados, la medida genera inquietud por sus efectos sobre la capacidad de inversión y expansión empresarial.
El gremio señala que, al tratarse de un gravamen sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, el impuesto afecta directamente la estructura financiera de las compañías, incluso en escenarios donde el desempeño operativo sea limitado. Esta condición podría reducir la capacidad de reinversión y modernización tecnológica dentro de la industria.
“Este impuesto puede erosionar los márgenes operativos en un sector que ya enfrenta alta presión por importaciones. Más del 85% de las autopartes comercializadas en el país provienen del exterior, además de los efectos del contrabando”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.
El dirigente gremial advirtió que gravar el patrimonio empresarial limita la liquidez necesaria para procesos de innovación, actualización tecnológica y generación de empleo formal. Estos factores son considerados claves para que el sector autopartista pueda fortalecer su competitividad en el mercado nacional e internacional.
Asopartes también alertó que la medida llega en un momento en el que la industria avanza en procesos de transformación hacia la electromovilidad, la digitalización y el fortalecimiento de estándares técnicos. Estos cambios requieren inversiones sostenidas en activos productivos, infraestructura logística y desarrollo tecnológico.
“El sector autopartista está comprometido con el desarrollo económico del país y comprende la necesidad de atender emergencias nacionales. Sin embargo, es importante que las políticas tributarias mantengan un equilibrio que preserve la inversión productiva y la estabilidad jurídica”, agregó Pineda Osorio.
El gremio reiteró su disposición para participar en espacios de diálogo técnico con el Gobierno con el fin de evaluar alternativas que permitan atender la emergencia sin afectar la competitividad de los sectores productivos. Según Asopartes, la sostenibilidad fiscal debe ir acompañada de políticas que impulsen la inversión, la formalización empresarial y el fortalecimiento de la industria nacional.
