El presidente Gustavo Petro sancionó este 27 de marzo de 2026 en Cereté la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria. Este paso histórico permite la creación de jueces y tribunales especializados dedicados exclusivamente a resolver los conflictos sobre la propiedad rural. La norma busca acercar la justicia a las poblaciones campesinas y étnicas, garantizando soluciones oportunas bajo el régimen agrario. El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Agricultura y Justicia.
La nueva ley establece que los magistrados deben ser expertos en derecho agrario y ambiental para armonizar la producción con la biodiversidad. Además, se introduce la figura de facilitadores agrarios gratuitos para orientar a los ciudadanos en sus procesos legales. El Consejo Superior de la Judicatura iniciará ahora la formación de los despachos judiciales en las zonas más afectadas por el conflicto. Esta estructura judicial es una apuesta esencial para cumplir los acuerdos de paz.
En el marco de la Misión Córdoba, el jefe de Estado anunció la entrega de 3.600 hectáreas a más de 1.000 familias campesinas. Estos beneficiarios fueron afectados recientemente por las graves inundaciones en la región del Sinú. La Agencia Nacional de Tierras recuperó predios que pertenecieron a antiguos capos del narcotráfico y políticos condenados. Entre los bienes entregados figuran tierras que estuvieron en poder de alias 'Don Mario' y Musa Besaile.
La entrega de tierras se concentró en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista y Cereté, dignificando la labor de las asociaciones productoras locales. Organizaciones como Apacis y Asoparcer recibieron títulos de propiedad para fortalecer sus proyectos de vida en el campo. El director de la ANT, Juan Felipe Harman, destacó que esta redistribución agilizará la reforma agraria integral. El Gobierno busca que la justicia social reemplace a la violencia histórica.
Paralelamente, el Gobierno adelanta intervenciones en jarillones irregulares para restablecer la conectividad hidráulica entre las ciénagas y los humedales del departamento. Estas labores de remoción de diques buscan prevenir nuevas inundaciones y proteger los ecosistemas estratégicos de la zona. Con el apoyo de la maquinaria del Ejército, se garantiza que el agua fluya naturalmente hacia las reservas baldías. Esta acción beneficia directamente a las comunidades anfibias del Bajo Sinú.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, resaltó que la nueva jurisdicción devuelve la dignidad al campesinado que resiste en el territorio. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló que llevar jueces al campo responde de forma efectiva a los conflictos locales. El trámite legislativo continuará con una ley ordinaria que defina los procedimientos operativos de estos tribunales. El compromiso institucional es consolidar la seguridad jurídica para todos los productores.
Durante la jornada en Córdoba, se realizaron asambleas populares para constituir comités de seguimiento con las comunidades rurales y étnicas participantes. Estas instancias permitirán empoderar a los habitantes en la recuperación de playones y ciénagas que fueron despojados históricamente. La Agencia Nacional de Tierras ha entregado cerca de 45.000 hectáreas en este departamento a víctimas del conflicto. La meta es reconstruir el tejido social mediante el acceso legal al territorio.
Finalmente, el presidente Petro reafirmó que la reforma agraria junta el deseo de justicia social con la superación de necesidades vitales. El acceso a la tierra, el agua potable y la educación de calidad son pilares de su administración progresista. Las ruedas de negocios en Lorica permitirán adquirir 1.000 hectáreas adicionales para atender a más damnificados por la crisis climática. El país avanza así hacia una paz territorial basada en la equidad.
