El Gobierno nacional lideró en Mariquita el evento denominado Cosechando Derechos del Campesinado para presentar los resultados de su gestión territorial. La jornada articuló a los ministerios de Agricultura, Trabajo y Salud junto a entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el SENA. El propósito central fue establecer un diálogo directo con las comunidades rurales para definir la hoja de ruta del desarrollo rural en 2026. Se expusieron avances concretos en la Reforma Agraria y los apoyos productivos destinados a fortalecer la economía campesina regional hoy.
Andrés Ocampo, secretario general del Ministerio de Agricultura, destacó que cada hectárea formalizada representa una apuesta por la dignidad del productor nacional. En el Tolima se han gestionado 11.475,2 hectáreas para el Fondo de Tierras y se han redistribuido 5.778 en beneficio de las familias rurales. Asimismo, se reportó la formalización de 27.968,5 hectáreas, de las cuales la gran mayoría han sido entregadas a campesinos locales. Estas acciones buscan que la tierra produzca alimentos, arraigo y justicia social para quienes históricamente la han trabajado siempre.
En materia financiera, el balance arroja 20.520 operaciones de crédito ejecutadas a través del Banco Agrario y Finagro en el departamento. El viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, aclaró que durante la actual administración no se ha expropiado un solo centímetro de tierra privada. Por el contrario, se han declarado 48.000 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en el Tolima. Esta medida técnica garantiza el uso sostenible del suelo y blinda la soberanía alimentaria frente a las presiones de proyectos extractivos.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el objetivo es promover ingresos dignos y estabilidad para los trabajadores informales. La reforma busca fortalecer el sistema para hacerlo más equitativo y eficiente, ampliando la protección económica durante la vejez del campesinado. En temas de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo destacó que en el Tolima operan 378 equipos básicos con más de 1.800 profesionales. Estos grupos llevan atención médica preventiva a zonas de difícil acceso, garantizando el bienestar físico de las comunidades rurales más apartadas.
Desde el SENA se impulsan estrategias como CampeSENA para fomentar la transición agroecológica y los circuitos cortos de comercialización en las veredas. Natalia Grajales, directora de Formación para el Trabajo, señaló que estas iniciativas fortalecen las capacidades organizativas de los productores locales. El objetivo es que los campesinos mejoren sus condiciones de vida mediante procesos de extensión rural y soberanía alimentaria técnica. La formación académica se conecta así con la realidad del territorio para generar un impacto social medible en la productividad de las parcelas.
El director del IGAC, Gustavo Marulanda, resaltó que el catastro multipropósito es la herramienta clave para evidenciar la propiedad real de la tierra. Este instrumento técnico contribuye a reducir la concentración de los predios e identificar la ocupación indebida de baldíos de la Nación. Durante la jornada también se presentaron resultados de inversión pública en infraestructura rural y distritos de riego para el Tolima. El fortalecimiento de la economía campesina requiere de una base cartográfica precisa que visibilice las inequidades en el pago de los impuestos.
La jornada permitió visibilizar instrumentos de apoyo directo para el acceso a insumos agrícolas y financiamiento especializado para mujeres rurales. Mediante programas como el FOMMUR, se incorpora un enfoque diferencial que reconoce al campesinado como un sujeto de derechos fundamentales. El director de la UPRA, Juan Pablo Sandoval, afirmó que las áreas de protección garantizan la permanencia de las comunidades frente a grandes proyectos de infraestructura. La sostenibilidad ambiental se integra con prácticas agroecológicas y medidas de adaptación al cambio climático impulsadas por las entidades nacionales.
Finalmente, el Gobierno nacional presentó una hoja de ruta orientada al fortalecimiento del desarrollo rural en articulación con los gremios locales. Con este espacio de rendición de cuentas en territorio, se reafirma el compromiso institucional con el acceso a la tierra y la vida digna. Los compromisos adquiridos en Mariquita definen las inversiones estratégicas que se ejecutarán durante el resto del año 2026. Colombia avanza hacia un modelo agrario donde la justicia social y la productividad técnica caminan juntas para transformar el campo en paz.
