El Gobierno nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y Minas, publicó un proyecto de resolución para transformar el cálculo del ACPM. Esta nueva metodología está destinada específicamente a los vehículos de servicio particular, oficiales y diplomáticos en todo el territorio colombiano. La iniciativa desarrolla lo previsto en el Decreto 1428 de 2025, buscando que el ingreso al productor se alinee con las referencias del mercado global. Con esta medida, se pretende otorgar mayor transparencia técnica y sostenibilidad fiscal a la formación de precios actuales.
La propuesta establece que el cálculo del ingreso al productor se realizará bajo el esquema de paridad internacional de manera rigurosa. Para ello, se utilizará un promedio semanal de los precios diarios registrados en el mercado externo durante el periodo de referencia. Este mecanismo permitirá que el valor interno del diésel refleje con precisión las variaciones globales, mejorando la estabilidad del sistema nacional. El objetivo es evitar rezagos prolongados que generen huecos financieros en la administración pública, garantizando un equilibrio técnico y comercial necesario hoy.
Bajo los lineamientos del Decreto 1428 de 2025, el proyecto fija límites claros para proteger tanto al consumidor como al fisco nacional. El ingreso al productor no podrá ser inferior al precio de paridad internacional, ni superar el precio de paridad de importación vigente. Estas bandas garantizan un funcionamiento eficiente del mercado de combustibles, evitando distorsiones que afecten la competitividad de la economía. La medida busca un punto medio entre la realidad de los precios externos y la capacidad de pago del mercado interno colombiano.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el país necesita reglas claras para el manejo responsable de los combustibles líquidos. Según el jefe de la cartera, este proyecto busca darle transparencia total al cálculo del ACPM y alinearlo con la realidad internacional actual. La iniciativa es un paso fundamental para avanzar en la sostenibilidad fiscal sin descuidar la responsabilidad social con los ciudadanos. El funcionario enfatizó que la claridad en las fórmulas técnicas es esencial para generar confianza entre los actores del sector energético.
Esta reforma se articula directamente con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido ampliamente como el FEPC en Colombia. El objetivo central es optimizar el uso de los recursos públicos y reducir las presiones fiscales derivadas de los subsidios generales. Al focalizar los beneficios de estabilización, el Gobierno espera liberar presupuesto que podrá ser invertido en otros proyectos de impacto social. La eficiencia del sistema de precios es clave para mantener la salud financiera del Estado frente a la volatilidad del petróleo.
La propuesta gubernamental también contempla nuevas obligaciones de publicación y divulgación de precios por parte de todos los agentes de la cadena. Se busca fortalecer los mecanismos de trazabilidad, control y vigilancia para evitar desviaciones injustificadas en la aplicación del nuevo esquema tarifario. Los distribuidores y comercializadores deberán reportar sus cifras con mayor frecuencia, garantizando que el usuario final reciba la información de manera oportuna. Este nivel de control permitirá detectar rápidamente cualquier anomalía que perjudique la transparencia del mercado de hidrocarburos nacional.
El jefe de la cartera de Minas agregó que esta propuesta permite mejorar la eficiencia del fondo y asegurar beneficios de estabilización justos. El paso firme hacia el ordenamiento del sistema de precios en Colombia es una prioridad para la actual administración energética y financiera. La medida pretende que los subsidios no sean aprovechados de forma indiscriminada por sectores que no los requieren según su capacidad económica. Fortalecer el control institucional es la única vía para garantizar que la política de combustibles sea equitativa y técnicamente sólida.
Con la publicación de este proyecto, el Gobierno nacional avanza en la construcción de una política energética mucho más técnica y sostenible. Se ha abierto un proceso de consulta pública para que la ciudadanía y los actores del sector realicen sus respectivos comentarios. Revista Impacta seguirá de cerca la evolución de esta resolución y su impacto real en el costo de vida de los transportadores particulares. La participación de los gremios será fundamental para ajustar los detalles de una metodología que definirá el futuro fiscal del país.
