El Gobierno nacional inició el primer ciclo del Mecanismo de Certificación Periódica, una herramienta destinada a medir los avances institucionales frente al Estado de Cosas Inconstitucionales en el Pacífico nariñense. La estrategia es liderada por la Vicepresidencia de la República de Colombia a través del grupo encargado del seguimiento al Auto 620 de 2017 emitido por la Corte Constitucional de Colombia.
Durante la jornada de apertura se socializó el funcionamiento del mecanismo, cuyo propósito es evaluar de manera objetiva el grado de contribución de las entidades del Gobierno nacional en la implementación de acciones orientadas a superar las condiciones estructurales que afectan a las comunidades del Pacífico del departamento de Nariño, Colombia.
El mecanismo fue aprobado mediante la Resolución 01 de 2026 y busca fortalecer el trabajo de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel, instancia encargada de coordinar medidas urgentes y provisionales para garantizar la protección de los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas en esta región del país.
Esta herramienta permitirá hacer seguimiento a las acciones adelantadas por distintas entidades del Estado en el marco de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional para atender la situación humanitaria y de vulnerabilidad que enfrentan comunidades afectadas por el conflicto armado y otras problemáticas estructurales.
En total, el mecanismo contará con la participación de 39 entidades del orden nacional, las cuales deberán reportar periódicamente los avances en la implementación de las medidas incluidas en el Plan Urgente de Reacción y Contingencia (PURC).
A partir de esta información, el sistema analizará si las acciones implementadas por las entidades están siendo ejecutadas de manera efectiva y si contribuyen a responder a las fallas estructurales identificadas en el proceso de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales en la región.
El Gobierno nacional señaló que este proceso permitirá contar con herramientas técnicas para evaluar el impacto de las políticas públicas y fortalecer la coordinación interinstitucional orientada a mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.
Las medidas buscan garantizar la protección de los pueblos afrodescendientes e indígenas que habitan el Pacífico nariñense, particularmente comunidades que enfrentan situaciones de riesgo relacionadas con el conflicto armado, la pobreza estructural y la limitada presencia institucional.
Entre las comunidades priorizadas se encuentran los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, cuyos territorios ancestrales han sido identificados como zonas que requieren acciones urgentes de protección y atención por parte del Estado.
Con este mecanismo, el Gobierno nacional busca avanzar en la superación del Estado de Cosas Inconstitucionales mediante la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la vida, la dignidad y la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas en esta región del país.
