El Gobierno nacional adoptó una medida de defensa comercial que impone un arancel del 35 % a la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes. La decisión, sustentada en el análisis técnico del Comité Triple A, busca corregir distorsiones en el mercado y fortalecer la industria nacional.
La medida se implementa en un contexto internacional marcado por sobreoferta y distorsiones de precios en el mercado del acero. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, cerca de 40 países han adoptado más de 200 medidas similares para proteger sus sectores productivos frente a prácticas como la sobreproducción y la competencia desleal.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, la decisión no tiene un carácter restrictivo, sino correctivo. El objetivo es restablecer condiciones de competencia justa frente a la entrada de productos a precios artificialmente bajos que afectan la producción nacional y generan desequilibrios en el mercado interno.
El alcance de la medida es focalizado. Solo aplica a importaciones provenientes de países sin acuerdos comerciales vigentes con Colombia, lo que garantiza el abastecimiento desde socios estratégicos y evita impactos negativos en sectores como la construcción y la industria.
En términos productivos, el país cuenta con una capacidad instalada cercana a los 2,6 millones de toneladas de acero al año, frente a una producción aproximada de 1,6 millones. Esta diferencia evidencia el potencial de crecimiento de la industria nacional si se corrigen las condiciones de competencia.
Las cifras del comercio exterior reflejan el desbalance que motivó la decisión. Durante 2025, las importaciones de estos productos alcanzaron 134.928 toneladas por un valor de 124,6 millones de dólares, mientras que las exportaciones fueron significativamente menores, con 16.238 toneladas por 32,2 millones de dólares.
El sector siderúrgico y metalmecánico tiene un peso relevante en la economía nacional, con más de 50.000 empleos directos e indirectos y una alta incidencia en sectores estratégicos como infraestructura, vivienda, movilidad y transición energética. Su fortalecimiento es clave para reducir la dependencia externa.
El Gobierno también destacó que la medida no generará impactos significativos en los costos de la vivienda, dado que el mercado mantiene múltiples fuentes de abastecimiento. Además, resaltó que la industria nacional presenta ventajas ambientales, con menores emisiones de CO₂ por tonelada de acero producida frente al promedio global.
La decisión tendrá una vigencia inicial de un año y cuenta con el respaldo de más de 150 empresas del sector. Con esta medida, el Gobierno busca proteger el empleo, fortalecer la base productiva y garantizar condiciones de competencia más equitativas para la industria siderúrgica en Colombia.
