Los ministerios del Trabajo y de Vivienda, Ciudad y Territorio recordaron a la ciudadanía que las cuotas de administración en conjuntos residenciales no están atadas automáticamente al incremento del salario mínimo ni al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La aclaración fue realizada mediante la Circular Externa conjunta 028 de 2026.
La medida responde a inquietudes de residentes y copropietarios tras el aumento del salario mínimo para 2026, luego de que en algunas copropiedades se reportaran incrementos significativos en las cuotas de administración bajo el argumento de ese ajuste salarial.
De acuerdo con la normativa vigente, la fijación de las cuotas de administración corresponde exclusivamente a la Asamblea General de Copropietarios. Así lo establece el artículo 38 de la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia.
Según esta disposición, la asamblea es la encargada de aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos de cada copropiedad. A partir de ese presupuesto se determinan tanto las cuotas ordinarias como las extraordinarias que deben asumir los propietarios o residentes.
Por esta razón, el Gobierno aclaró que ni el aumento del salario mínimo ni la variación del IPC constituyen, por sí mismos, una justificación automática para incrementar las cuotas de administración en edificios o conjuntos residenciales.
Sin embargo, los ministerios señalaron que el reglamento interno de cada propiedad horizontal puede incluir fórmulas específicas para calcular ajustes en las cuotas. En esos casos, dichas disposiciones también deben ser revisadas y aprobadas por la Asamblea de Copropietarios.
Las autoridades también recordaron que cualquier modificación en las cuotas debe basarse en un análisis técnico del presupuesto del conjunto, teniendo en cuenta los gastos operativos, las necesidades de mantenimiento y las decisiones adoptadas por los copropietarios.
Finalmente, los ministerios invitaron a las copropiedades a realizar procesos transparentes y participativos en la definición de sus presupuestos, convocando asambleas informadas que permitan garantizar decisiones equilibradas y sostenibles para las comunidades residenciales.
