La Fiscalía General de la Nación vinculó a tres cabecillas de las disidencias de las Farc por su presunta responsabilidad en la ola de violencia registrada en la región del Catatumbo entre enero y abril de 2025. De acuerdo con el ente acusador, los señalados habrían impartido directrices para enfrentar militarmente al ELN en esa zona del país, lo que derivó en múltiples delitos que afectaron gravemente a la población civil.
Según la investigación, los hechos violentos dejaron al menos 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento ilícito de menores de edad y el desplazamiento forzado de 87 personas. Estas conductas habrían sido consecuencia de una estrategia armada orientada a consolidar el control territorial en varios municipios de Norte de Santander, donde grupos armados ilegales mantienen disputas por economías ilícitas y dominio de corredores estratégicos.
En desarrollo de las investigaciones fueron citados a audiencia de imputación Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, señalado cabecilla del Bloque Magdalena Medio; así como Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, identificados como jefes político y financiero del autodenominado frente 33 de esa estructura armada ilegal.
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que los cabecillas habrían ordenado a sus estructuras armadas tomar control absoluto del territorio mediante el uso de la violencia y el manejo de rentas ilícitas en municipios como Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en el departamento de Norte de Santander.
En cumplimiento de esas órdenes, integrantes del grupo armado habrían ejecutado acciones violentas que generaron temor y zozobra entre la población civil. Las autoridades sostienen que estas acciones provocaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desplazamientos forzados y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Las denuncias presentadas por las comunidades, junto con las labores investigativas adelantadas por las autoridades judiciales y los análisis criminológicos realizados sobre lo ocurrido en el territorio, permitieron documentar las conductas delictivas que ahora hacen parte del proceso penal contra los cabecillas señalados.
Los tres investigados comparecieron de manera virtual ante un juez de control de garantías de Cúcuta, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado.
Durante la diligencia judicial, los cabecillas no aceptaron los cargos imputados. La Fiscalía indicó que continuará avanzando en el proceso investigativo y en las actuaciones judiciales correspondientes en el marco de la estrategia de atención integral definida por la entidad para enfrentar los hechos de violencia registrados en la región del Catatumbo.
