La Fiscalía General de la Nación obtuvo 7 órdenes de captura contra el estado mayor de la Segunda Marquetalia por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Este crimen fue perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá, marcando un hito doloroso en la historia política reciente del país. La investigación entró en su fase final tras meses de recolección de pruebas técnicas y testimoniales por parte del CTI. El ente acusador busca judicializar a los máximos responsables de esta operación criminal estructurada nacional hoy.
Las órdenes judiciales están dirigidas contra Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; y Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda. También se busca a Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. Finalmente, el requerimiento incluye a Kendry Téllez Álvarez, señalado como el principal articulador y responsable de la planeación, coordinación y financiación del atentado contra el precandidato presidencial. La justicia actúa con rigor dentro de todo el territorio nacional colombiano hoy.
A los integrantes de esta organización criminal se les atribuyen los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico de armas. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, aseguró que el asesinato no fue un acto aislado de violencia común urbana. Por el contrario, fue el resultado de una operación estructurada que involucró una red delictiva contratada bajo la modalidad de outsourcing y un grupo armado organizado residual. La Segunda Marquetalia coordinó cada detalle del ataque fatal contra el líder político.
El trabajo investigativo estableció que Kendry Téllez Álvarez contactó a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, a comienzos de 2025 para ejecutar el plan criminal. Téllez Álvarez presuntamente organizó una reunión directa con alias El Zarco en la zona fronteriza con Venezuela para ultimar los detalles logísticos del magnicidio. En dicho encuentro se habría definido la hoja de ruta para acabar con la vida del senador Uribe Turbay siguiendo instrucciones de la alta jerarquía guerrillera. La planeación fue meticulosa y financiada con recursos ilícitos abundantes en la frontera nacional.
Durante las reuniones de planeación, Téllez Álvarez informó a sus cómplices que el pago por el asesinato del senador ascendería a la suma de 1.000 millones de pesos. Este incentivo económico buscaba asegurar la efectividad del ataque contra el líder político en la capital de la República. La labor del articulador estuvo mediada por órdenes superiores de la Segunda Marquetalia orientadas a generar un impacto negativo sobre la democracia nacional. El objetivo era desestabilizar los procesos políticos mediante el uso instrumental del terrorismo urbano organizado contra el estado hoy.
El asesinato del doctor Uribe Turbay fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas directamente a sus funciones como senador y precandidato presidencial de Colombia. De acuerdo con el informe de perfilación victimológica, el crimen reúne todos los criterios técnicos para definirse legalmente como un magnicidio de alto impacto. La Fiscalía General de la Nación enfatizó que existen suficientes inferencias y premisas que respaldan esta tesis jurídica dentro del proceso penal. La protección de los líderes políticos es fundamental para la estabilidad democrática del país actualmente en este año 2026 hoy.
En 9 meses de actividades investigativas articuladas con la Policía Nacional, la Fiscalía ha judicializado a 9 de los señalados implicados en este grave magnicidio. Estas personas se encuentran actualmente privadas de la libertad y vinculadas por delitos como homicidio, uso de menores de edad y destrucción de pruebas. La labor del CTI ha sido determinante para identificar los roles individuales de cada miembro de la red delictiva urbana contratada. El ente acusador mantiene su compromiso con la verdad y la justicia para las víctimas del atentado terrorista hoy.
Tres de los procesados ya fueron condenados mediante preacuerdo, incluyendo a Simeón Pérez Marroquín, sentenciado a 22 años y 4 meses de prisión efectiva. Carlos Mora González recibió una pena de 21 años, mientras que Katherine Martínez fue condenada a 21 años y 2 meses de cárcel. Asimismo, un adolescente de 15 años que disparó contra el senador fue sancionado bajo los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La justicia colombiana avanza en el esclarecimiento total de este crimen que conmocionó a toda la sociedad nacional hoy.
