Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y dos integrantes de la Policía Nacional. Los uniformados, adscritos a la Sijin de la Policía Metropolitana de Santa Marta, son investigados por presuntamente exigir dinero a cambio de devolver una mercancía que habría sido aprehendida irregularmente.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los procesados habrían utilizado sus cargos para interceptar un tractocamión que transportaba 15 motores importados. El vehículo, que salió de la zona portuaria con destino a Medellín, fue detenido el 24 de enero en inmediaciones del municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, y posteriormente trasladado a un parqueadero bajo control de las autoridades.
Según la investigación, al día siguiente de la inmovilización, el fiscal Montes Dávila habría emitido un oficio en el que ordenó que el automotor y la carga fueran puestos a disposición de su despacho. La decisión se sustentó, presuntamente, en un supuesto caso de narcotráfico y contrabando, argumento que ahora es objeto de cuestionamiento dentro del proceso penal en curso.
La Fiscalía sostiene que, tras la retención del vehículo, el propietario de la mercancía sostuvo reuniones con los hoy procesados. En estos encuentros, los implicados le habrían exigido inicialmente la suma de 300 millones de pesos para devolver los motores, cifra que posteriormente habría sido reducida a 100 millones de pesos, en lo que sería un intento de presión indebida para obtener un beneficio económico.
En el curso de la investigación también se estableció que el fiscal habría asumido un caso que no correspondía a su competencia funcional. Para dar apariencia de legalidad a sus actuaciones, presuntamente incorporó este procedimiento dentro de un proceso que ya se encontraba abierto por hechos distintos, lo que agrava las sospechas sobre la irregularidad del procedimiento adelantado.
Una fiscal delegada ante tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los tres señalados el delito de concusión. Este tipo penal se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir dinero u otro tipo de beneficio, lo que en este caso estaría sustentado en las pruebas recopiladas durante la investigación.
Adicionalmente, al fiscal Montes Dávila le fue imputado el delito de prevaricato por omisión agravado, al considerar que habría incumplido sus deberes legales al no actuar conforme a la normativa vigente. Esta conducta, de ser probada, implicaría una vulneración grave de los principios que rigen la función pública y la administración de justicia en el país.
Las autoridades indicaron que esta información se da a conocer por razones de interés general, en el marco de la transparencia institucional. El proceso continuará en las instancias judiciales correspondientes, donde se definirá la responsabilidad de los implicados en estos hechos que comprometen la legalidad de las actuaciones y la confianza en las instituciones.
