La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a dos hermanas señaladas de estructurar un presunto esquema fraudulento mediante el cual ofrecían supuestos remates judiciales de vivienda en Ibagué (Tolima). Según la investigación, las mujeres habrían captado dinero de familias interesadas en adquirir inmuebles a bajo costo, prometiendo inversiones seguras y de alta rentabilidad que nunca se concretaron.
De acuerdo con el ente acusador, Diana Milena y Carolina Guzmán Andrade se presentaban como intermediarias en procesos de remates judiciales, generando confianza en potenciales compradores. Las ofertas incluían la entrega de inmuebles en un plazo máximo de 180 días o, en su defecto, la devolución del capital invertido con ganancias que superarían el 100 %.
La investigación permitió establecer que, para dar apariencia de legalidad al negocio, las señaladas habrían utilizado contratos, recibos y letras de cambio con firmas y huellas, además de facilitar consignaciones bancarias y pagos en efectivo. Estos documentos, según la Fiscalía, eran empleados para respaldar las supuestas transacciones inmobiliarias.
Las autoridades estiman que al menos 27 personas habrían resultado afectadas por el presunto fraude. El monto apropiado superaría los 600 millones de pesos, recursos que, según el expediente, fueron entregados bajo la promesa de acceder a remates que nunca se materializaron.
El caso fue asumido por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima, quien imputó a las hermanas los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada, conforme a los elementos probatorios recaudados durante la investigación.
En las audiencias preliminares, las procesadas no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, continuarán vinculadas al proceso penal mientras avanza la etapa investigativa y se definen las decisiones judiciales correspondientes.
La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar la autenticidad de ofertas relacionadas con remates judiciales y desconfiar de propuestas que prometan rendimientos extraordinarios en plazos cortos, especialmente cuando exijan consignaciones directas a particulares.
El proceso continuará en los estrados judiciales, donde se evaluarán las pruebas presentadas y se determinará la responsabilidad penal de las investigadas en los hechos que les son atribuidos.
