En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Educación Nacional informó que el 93 % de las Instituciones de Educación Superior del país ya implementó protocolos para la prevención, detección y atención de casos de discriminación y violencias basadas en género.
De acuerdo con el reporte oficial, actualmente 289 instituciones cuentan con protocolos, rutas de atención, canales de denuncia y estrategias de sensibilización, en cumplimiento de la Resolución 014466 del 25 de julio de 2022, que estableció lineamientos obligatorios dentro de la política de educación superior inclusiva e intercultural.
El Ministerio señaló que la educación superior es un escenario clave para consolidar políticas públicas orientadas a eliminar cualquier forma de violencia y discriminación dentro de las instituciones, garantizando entornos académicos seguros y respetuosos para toda la comunidad educativa.
La implementación de estos protocolos busca fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y de las diversidades dentro de las universidades, promoviendo mecanismos efectivos de prevención, atención y acompañamiento frente a posibles casos de violencia de género.
Entre 2024 y 2025 el Gobierno destinó cerca de 2.000 millones de pesos para apoyar a las instituciones en la implementación y evaluación de estas medidas, y para 2026 se proyecta una inversión adicional cercana a los 1.000 millones de pesos.
Estos procesos han contado con el acompañamiento de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal y las secretarías de las mujeres, entre otras instituciones.
En el marco de las funciones de inspección y vigilancia, el Ministerio también adelantó investigaciones administrativas contra instituciones que no acreditaron la adopción de los protocolos dentro del plazo establecido, que vencía el 25 de enero de 2023.
Como resultado de estas actuaciones, en diciembre de 2025 y enero de 2026 se sancionó con multas a 12 instituciones de educación superior, públicas y privadas, por incumplir la normativa vigente, procesos que actualmente se encuentran en etapa de decisión de recursos presentados por las universidades.
