La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, conocida como la CRA, aclaró diversos puntos sobre el nuevo marco tarifario para grandes prestadores tras los recientes comentarios de Andesco. Este proceso institucional no responde a decisiones improvisadas, sino a varios años de riguroso trabajo técnico y estudios especializados. El marco cumple con la Ley 142 de 1994 y busca un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las empresas y la eficiencia para los usuarios finales del país.
Gloria Esperanza Narváez Tafur, directora ejecutiva de la entidad, explicó que la metodología cuenta con sustento técnico y evidencia suficiente para su implementación inmediata. El proceso fue estructurado, transparente y participativo, contando con la intervención de expertos y entidades territoriales. Según la funcionaria, es fundamental evitar desinformación o interpretaciones erróneas sobre el alcance real de esta medida regulatoria. La solidez del nuevo modelo garantiza una transición responsable que protege tanto la infraestructura como la calidad del servicio de acueducto.
La entrada en vigencia del nuevo esquema está programada para evitar cualquier vacío regulatorio, considerando que la Resolución CRA 688 de 2014 finaliza el 30 de junio de 2026. Por lo tanto, el 1 de julio de 2026 iniciará la aplicación del nuevo marco de manera gradual y ordenada. Este cronograma permite que los prestadores no asuman cargas excesivas en 1 solo momento. La transición escalonada es una garantía de estabilidad operativa para las empresas que operan en diferentes regiones colombianas.
Durante el segundo semestre de 2026, entre julio y diciembre, se realizará un empalme mediante un cálculo tarifario simplificado que no exige la formulación de planes inmediatos. No obstante, en 2027 los prestadores deberán definir sus metas para alcanzar los estándares de eficiencia administrativa y operativa establecidos. En esta fase de planeación, es obligatorio contar con una estrategia clara que oriente la gestión institucional hacia el cumplimiento de los objetivos. Esta etapa es crucial para asegurar una transición técnica sin contratiempos.
A partir de 2028, la CRA evaluará formalmente el cumplimiento de las metas propuestas por cada organización. Se aplicarán descuentos tarifarios en casos de incumplimiento, mientras que se otorgarán incentivos a quienes superen los estándares o adopten mejores prácticas sectoriales. Desde este año se consolidará la aplicación total del nuevo marco tarifario en todo el territorio nacional. La metodología reconoce las distintas capacidades financieras y técnicas de las empresas, permitiendo un avance realista y progresivo hacia la excelencia en la prestación del servicio.
La comisión desarrollará un programa integral de capacitación y acompañamiento técnico para resolver las dudas de los operadores. Este plan incluye talleres virtuales y espacios prácticos presenciales donde los técnicos podrán aplicar la resolución utilizando sus propios datos reales. Este acompañamiento cercano permitirá validar los beneficios de la nueva metodología y avanzar hacia una gestión más transparente. El objetivo es brindar tranquilidad a los prestadores mediante una transferencia de conocimiento efectiva que facilite la adopción del esquema regulatorio vigente en Colombia.
Los ajustes incorporados tras la etapa de participación ciudadana no son de carácter sustancial ni modifican el ámbito de aplicación original. Estas modificaciones responden estrictamente al análisis técnico de las sugerencias recibidas, fortaleciendo la legitimidad de la propuesta institucional. Es importante precisar que el nuevo marco no obliga a realizar inversiones ambientales adicionales ni de gestión del riesgo específicas. Lo que se exige es una planeación anticipada para gestionar los riesgos asociados a la oferta y demanda hídrica de cada sistema.
El estándar de pérdidas se fijó en 4 m³ por suscriptor al mes para impulsar una gestión eficiente del agua no facturada. Este objetivo de mediano plazo integra los avances técnicos previos y busca un uso más responsable del recurso hídrico. Reducir las pérdidas mejora la sostenibilidad del sistema y beneficia directamente a los usuarios con tarifas más justas. La CRA mantiene su enfoque en proteger el recurso mientras asegura que las empresas cuenten con los fondos necesarios para operar eficientemente en la actualidad.
