La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería condenó a 38 años y 4 meses de prisión a un presunto integrante del grupo armado ilegal conocido como Clan del Golfo, tras establecer su responsabilidad en varios homicidios selectivos ocurridos en el departamento de Córdoba, Colombia.
La decisión judicial se produjo tras resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía, mediante el cual se solicitó revisar el fallo de primera instancia que había absuelto al procesado. El tribunal evaluó nuevamente las pruebas del caso y concluyó que existían elementos suficientes para declarar su responsabilidad penal.
El condenado fue identificado como Dairo José Clemente Peñata, conocido con el alias “Julián”, quien según la investigación habría participado en una serie de asesinatos selectivos registrados durante el año 2017 en la ciudad de Montería, Colombia.
La sentencia de segunda instancia revocó la absolución inicial y lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, cargos que fueron sustentados por el ente acusador durante el proceso judicial.
Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal impuso al condenado una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como una inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 20 años.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer que Clemente Peñata habría integrado una estructura sicarial vinculada al Clan del Golfo, organización criminal que opera en varias regiones del país.
A esta estructura se le atribuyen al menos tres homicidios cometidos entre febrero y mayo de 2017 en Montería, en los cuales las víctimas habrían sido previamente señaladas por la organización criminal como objetivos de los ataques.
De acuerdo con los elementos probatorios presentados ante la justicia, estos crímenes habrían sido ejecutados como parte de las actividades criminales de la organización en la región.
Tras la decisión del Tribunal Superior de Montería, el condenado deberá cumplir la pena impuesta en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia.
La Fiscalía indicó que esta decisión judicial se adopta por razones de interés general y hace parte de las acciones orientadas a esclarecer hechos de violencia y garantizar la judicialización de responsables de homicidios en el país.
