El Ministerio de las Culturas acompañó en Achintukua, Cesar, el acto simbólico de entrega del Expediente de Buenas Prácticas de Salvaguardia de los sistemas de conocimiento asociados a la planta de coca. Esta iniciativa busca que la Unesco reconozca formalmente la sabiduría de los pueblos indígenas vinculada a esta planta sagrada en el ciclo de selección del año dos mil veintisiete. La ministra Yannai Kadamani Fonrodona encabezó un ritual de pagamento y armonización junto a las autoridades tradicionales del pueblo Wiwa y otras delegaciones.
El documento técnico y espiritual presentado recoge programas orientados a la protección de saberes que los pueblos originarios consideran un fundamento del pensamiento y el gobierno propio. Bajo títulos ancestrales como Ayu, Abimaya o Kaji, el expediente documenta prácticas alineadas con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El propósito central es fortalecer la viabilidad de estos sistemas de conocimiento indígena, donde la planta constituye un pilar esencial para la salud colectiva y la estabilidad del territorio.
Durante la jornada, la ministra Kadamani subrayó que la lucha contra las drogas no debe traducirse en la erradicación de una planta que representa un complejo sistema de transmisión de saberes. La alta funcionaria afirmó que proteger estos usos tradicionales es fundamental para transformar las miradas estigmatizantes que han imperado históricamente en el país. Para el Gobierno nacional, es imperativo que la sociedad comprenda que existen otras formas de relacionarse con la planta, basadas exclusivamente en la vida, el conocimiento y la unidad.
Desde la perspectiva indígena, la siembra simbólica del documento en territorio sagrado constituye un paso administrativo y cultural necesario para integrar esta información a la Ley de Origen. Según el Mamo Lino, autoridad espiritual Wiwa, este acto asegura que las normas ancestrales orienten la armonía del proceso antes de su revisión técnica por organismos internacionales. Esta validación espiritual garantiza que el expediente no sea solo un archivo burocrático, sino una extensión viva de las tradiciones que rigen la Sierra Nevada de Santa Marta.
El modelo de gestión patrimonial de esta iniciativa se estructura bajo cuatro líneas estratégicas enfocadas en la justicia histórica y la diplomacia epistémica. El programa propone un modelo de salvaguardia basado en el fortalecimiento de prácticas culturales vivas, como el mambeo y el poporeo, que sostienen la organización social de los pueblos. Se busca abrir espacios de mediación intercultural que permitan a los pueblos originarios participar activamente en la toma de decisiones sobre sus recursos naturales y sus tradiciones milenarias.
Un aspecto relevante del expediente es el reconocimiento de los nombres propios de la planta en diversas lenguas indígenas, lo que expresa relaciones territoriales únicas de cada comunidad. Denominaciones como Jibina, Ipatuina o Maso reflejan la diversidad lingüística y espiritual de los grupos participantes, desde el Amazonas hasta el Cauca. Este enfoque destaca que la planta de coca no es un objeto uniforme, sino un interlocutor sagrado que varía según el contexto cultural y la geografía de cada pueblo vinculado.
La estrategia también aborda la estrecha relación entre la cultura, el territorio y la conservación de la biodiversidad en las regiones protegidas. Las prácticas rituales y las ofrendas tradicionales vinculadas a la planta contribuyen directamente al equilibrio de los ecosistemas locales, demostrando que la cultura es inseparable del cuidado ambiental. La salvaguardia del patrimonio inmaterial se presenta así como una herramienta eficaz para la protección de la naturaleza, integrando el conocimiento ancestral en las políticas contemporáneas de sostenibilidad y ecología.
En la construcción de este exhaustivo expediente participaron activamente los pueblos Bora, Nasa, Misak, Kogui, Arhuaco y Kankuamo, junto a diversos consejos territoriales de la Amazonía colombiana. Este programa de cooperación intercultural traza una ruta clara entre el Estado y los gobiernos indígenas para asegurar la pervivencia de la diversidad étnica del país. Al postular estas buenas prácticas ante la Unesco, Colombia reafirma su compromiso con la dignificación de los saberes originarios y la construcción de una paz duradera.
