En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional logró un resultado contundente con la captura de dos implicados en un grave secuestro. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero de 2026, cuando la señora Diana Ospina fue abordada al llegar a su residencia tras tomar un servicio de taxi en Chapinero. La operación permitió ubicar a los responsables directos de este acto criminal que conmocionó a la capital. El trabajo articulado entre diversas unidades investigativas facilitó la identificación plena de los delincuentes hoy.
Después de analizar más de 60.000 datos técnicos y 12 horas de video, los investigadores ubicaron a los hermanos Cardozo en la ciudad. Alias Pachanga, cabecilla de la banda, y alias Pablito, conductor del taxi y perfilador de la víctima, fueron los cerebros detrás del rapto. El despliegue de inteligencia incluyó múltiples entrevistas a testigos clave que presenciaron los movimientos sospechosos cerca del establecimiento comercial. La precisión de las pruebas recolectadas por el Gaula fue fundamental para que un juez de la república avalara las órdenes de captura correspondientes.
Diego Armando, alias Pachanga, de 33 años, se encontraba cumpliendo una medida de detención domiciliaria por el delito de hurto agravado anteriormente. Por su parte, Juan Pablo, alias Pablito, de 21 años, había salido de un centro carcelario hacía solo 6 meses antes de participar en este nuevo crimen. Curiosamente, este último se presentó ante el Gaula al día siguiente del secuestro para intentar desviar las investigaciones con declaraciones falsas. Sin embargo, su estrategia de engaño no funcionó frente al análisis técnico de los expertos en criminalística.
El recuento de los hechos indica que Pablito recogió a la víctima en un establecimiento nocturno y la llevó hacia el barrio Santa María del Lago. En ese punto, fue abordada por dos hombres, entre ellos Pachanga, para iniciar un recorrido violento por diferentes localidades bogotanas. Mientras la retenían, los delincuentes sustrajeron sistemáticamente el dinero de sus cuentas personales mediante transacciones electrónicas. El GPS del taxi fue la pieza clave que permitió determinar la ruta exacta del desplazamiento criminal por toda la geografía de la capital.
La trayectoria del secuestro inició en la calle 170 en Suba y continuó a través de tres localidades más: Bosa, San Cristóbal y Juan Rey. En esta última zona, ubicada en Usme, la ciudadana fue mantenida cautiva dentro de una vivienda durante 43 horas seguidas. Los captores asumieron erróneamente que la mujer poseía una alta suma de dinero, lo que prolongó su sufrimiento innecesariamente. Durante el tiempo de retención, los hermanos Cardozo lograron sustraer aproximadamente 50 millones de pesos de diferentes entidades financieras nacionales mediante retiros forzados.
Debido a la intensa presión ejercida por los uniformados y las autoridades distritales, los secuestradores decidieron finalmente abandonar a la víctima en la vía Choachí. Allí fue ubicada por el personal de atención del sector tras haber estado desaparecida durante casi dos días. La rápida movilización del Gaula impidió que los delincuentes cumplieran con sus planes originales de ocultamiento prolongado. La liberación de la señora Ospina marcó el inicio de la fase final de la operación para capturar a los responsables que intentaban huir.
Para evitar su captura, los delincuentes realizaron diversas maniobras evasivas como cambiar de residencia cada 4 o 5 días en la ciudad. También evitaron el uso de redes sociales y portaban celulares con números internacionales para dificultar el rastreo satelital de sus comunicaciones. Sin embargo, la pericia de los investigadores permitió localizarlos en las localidades de Kennedy y San Cristóbal en plena vía pública. Al momento de la detención, les fueron hallados dos teléfonos móviles adicionales que contienen pruebas valiosas sobre su accionar criminal.
Ambos sujetos cuentan con antecedentes vigentes por porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado en sus registros penales personales. Un juez de la república les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario debido a la peligrosidad que representan para la sociedad civil. La Policía Metropolitana de Bogotá reitera su compromiso de continuar adelantando estrategias contra los delitos que afectan la tranquilidad ciudadana. Se invita a los habitantes a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 permanentemente.
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