La Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta con la Dijín y la agencia DEA, capturó a 3 presuntos integrantes de una red transnacional de narcotráfico. Los detenidos son señalados de coordinar el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína ocultos en veleros y contenedores de carga hacia los Estados Unidos. Una corte del Distrito Sur de Florida elevó las solicitudes de extradición por cargos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos. Las capturas se ejecutaron simultáneamente en varios departamentos de Colombia.
Libardo Humberto Zapata Zuluaga, identificado como el principal articulador de este entramado ilícito, fue localizado por las autoridades en una lujosa propiedad rural. El operativo se llevó a cabo en una finca ubicada en Guatapé, Antioquia, un predio exclusivo avaluado en más de 8.000 millones de pesos. Zapata Zuluaga presuntamente lideraba la logística para camuflar la droga en embarcaciones de recreo que partían hacia aguas internacionales. Su captura representa un golpe estratégico a la estructura financiera y operativa de esta organización criminal organizada.
La red ilegal mantenía peligrosas alianzas con estructuras del Clan del Golfo y del ELN para garantizar el movimiento de la mercancía ilícita. Estos grupos armados facilitaban el tránsito de los cargamentos por las zonas de producción hasta los principales puertos del Caribe colombiano. Las investigaciones técnicas permitieron establecer que la droga salía principalmente por las terminales marítimas de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. La capacidad de infiltrar las zonas de embarque comercial era una de las mayores fortalezas de esta red narcotraficante.
Sebastián Bedoya Pineda, otro de los objetivos de alto valor, fue ubicado en una vivienda del exclusivo barrio El Poblado en la ciudad de Medellín. Durante el procedimiento de registro, los uniformados incautaron 2 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza y diversos equipos de cómputo con información sensible. También se hallaron documentos contables que detallan transacciones financieras superiores a los 2.000 millones de pesos colombianos. Estos archivos son fundamentales para reconstruir la ruta del dinero y las conexiones internacionales de la banda.
Un hallazgo particularmente revelador fue el descubrimiento de billetes marcados con claves especiales que eran utilizados como "token" de seguridad en las transacciones. Estos elementos permitían a los contactos internacionales controlar la recepción exacta de los estupefacientes y validar el retorno de los pagos millonarios. El uso de esta metodología de encriptación física demuestra el nivel de sofisticación y desconfianza interna con el que operaba la red. Cada billete marcado correspondía a un código único de verificación para las entregas en territorio estadounidense.
Por su parte, el tercer implicado, Sebastián Garzón, fue capturado por unidades especiales en el municipio de Cartago, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Su rol dentro de la organización consistía presuntamente en la coordinación del transporte terrestre desde los laboratorios de procesamiento hasta la costa norte. Con esta detención, se cierra el círculo operativo de los principales mandos medios que daban soporte a la exportación de alcaloides. Los tres procesados fueron trasladados a Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad nacional.
La articulación entre la Fiscalía colombiana y las agencias federales de los Estados Unidos permitió rastrear las comunicaciones satelitales utilizadas por los veleros en altamar. Estos navíos de lujo eran elegidos estratégicamente para pasar desapercibidos ante las patrullas de la Guardia Costera en el Mar Caribe. Sin embargo, la inteligencia electrónica logró identificar las coordenadas de las entregas y los puntos de acopio en Centroamérica. Este golpe debilita significativamente uno de los corredores marítimos más activos del narcotráfico transnacional durante el año 2026.
Finalmente, los capturados quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales para que se surtan los trámites legales de su envío a Norteamérica. La justicia colombiana reafirma su compromiso de combatir el crimen organizado mediante la cooperación judicial con potencias extranjeras aliadas. La desarticulación de esta red impacta directamente las finanzas de los grupos armados que se lucran del control de los puertos nacionales. Bogotá sigue fortaleciendo su presencia institucional para garantizar que el territorio nacional no sea plataforma de actividades ilícitas globales.
