Autoridades reportan $3.626 millones incautados y 68 capturas por delitos electorales

 

Las autoridades reportaron que, con corte a las 7:30 de la mañana del 8 de marzo de 2026, se han registrado 35 casos de incautación de dinero en diferentes regiones del país en el marco de las acciones de control adelantadas durante la jornada electoral para el Congreso de la República y las consultas presidenciales.

Según el balance oficial del operativo de seguridad denominado “Democracia 2026”, el monto total del dinero incautado asciende a 3.626 millones de pesos, recursos cuya procedencia no fue justificada y que son investigados por su posible relación con delitos electorales.

Las acciones operativas adelantadas por las autoridades también han permitido la captura de 68 personas en distintas zonas del país por hechos relacionados con presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

Entre los departamentos donde se han realizado incautaciones se encuentra Antioquia, con casos registrados en municipios como La Pintada, donde fueron decomisados 212 millones de pesos; Puerto Triunfo, con 243,5 millones; y la subregión de Urabá, con 150 millones de pesos.

En el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería, las autoridades reportaron la incautación de 434,7 millones de pesos, mientras que en Sincelejo, Sucre, fueron decomisados 275 millones de pesos durante operativos de control.

En Bogotá, específicamente en la localidad de Santa Fe, se reportó la incautación de 631 millones de pesos, una de las cifras más altas registradas durante las acciones de control realizadas por las autoridades.

Otros casos se reportaron en departamentos como Atlántico, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Santander, Nariño, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Guainía, La Guajira y Cesar, donde también se han realizado operativos para prevenir posibles delitos electorales.

Las autoridades señalaron que los controles se mantienen activos en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la transparencia de la jornada electoral y prevenir prácticas ilegales que puedan afectar la libre participación de los ciudadanos en el proceso democrático.

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