La violencia contra las mujeres en política se ha convertido en uno de los obstáculos más persistentes para una democracia verdaderamente incluyente. No se trata solo de agresiones físicas, sino también de violencias psicológicas, simbólicas y digitales que buscan intimidar, silenciar o deslegitimar a quienes ejercen liderazgo público. Este fenómeno impacta la participación, limita trayectorias políticas y envía un mensaje disuasivo a otras mujeres que desean involucrarse en escenarios de representación y decisión.
En Colombia, esta problemática fue reconocida formalmente mediante la Ley 2453 de 2025, que establece medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en política. El objetivo es garantizar que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, sin temor a represalias. La norma representa un avance clave, pero su efectividad depende de la implementación territorial y del compromiso institucional para transformar prácticas culturales y políticas arraigadas.
En Bogotá, la situación refleja desafíos concretos. Un ejercicio de caracterización en las Juntas Administradoras Locales, periodo 2024–2027, evidenció que en al menos 12 de las 20 localidades las edilesas enfrentan barreras que afectan su liderazgo. Estas limitaciones no solo impactan su gestión, sino que debilitan la calidad de la deliberación pública local, al restringir voces fundamentales para la construcción de políticas cercanas a las realidades comunitarias.
De las 53 edilesas consultadas, varias reportaron dificultades para acceder a información institucional y realizar gestión en el territorio. También señalaron estigmatización, ataques en redes sociales y agresiones relacionadas con filiaciones partidistas. A ello se suma una menor participación de mujeres en la conformación de listas, lo que evidencia que la violencia política no actúa sola, sino que se entrelaza con prácticas de exclusión estructural que reducen las oportunidades de representación.
Las localidades donde estas barreras se presentan con mayor frecuencia son Engativá y Rafael Uribe Uribe, territorios donde las mujeres en cargos de elección local han denunciado presiones, descalificaciones y obstáculos administrativos. Estas dinámicas no solo afectan trayectorias individuales, sino que erosionan la confianza en los mecanismos de participación y envían señales preocupantes sobre la persistencia de resistencias frente al liderazgo femenino en espacios de poder.
Para responder a esta realidad, la Secretaría Distrital de la Mujer, en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno, lidera la Mesa Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Política. Durante 2025, esta instancia realizó acompañamiento y seguimiento a 54 casos de agresiones contra mujeres en ejercicios de participación y representación, consolidando rutas de atención y acciones de protección.
Además, se socializó la Ley 2453 en las 20 Juntas Administradoras Locales, promoviendo el reconocimiento del marco normativo y la apropiación de sus herramientas. Desde la Escuela Política Lidera Par se desarrolló un ciclo formativo dirigido a la ciudadanía, enfocado en prevenir, identificar y rechazar la violencia política de género. Estas acciones buscan no solo atender casos, sino transformar imaginarios y fortalecer entornos políticos más seguros.
Las mujeres que enfrenten violencia política en Bogotá cuentan con canales de orientación y acompañamiento como la Línea Púrpura Distrital, la línea de defensores de derechos humanos y las Casas de Igualdad de Oportunidades. Visibilizar estas rutas es fundamental, porque la violencia política no es un asunto privado, sino un problema público que compromete la calidad de la democracia y el derecho de las mujeres a participar sin miedo.
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